La expresidenta Jeanine Áñez dirigió una carta hoy a los líderes de la oposición, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana; y Luis Fernando Camacho, de Creemos, en la que les pide que sus bancadas en la Asamblea Legislativa que viabilicen un juicio de responsabilidades con el fin de establecer “la verdad de los hechos” ante el país, sobre los conflictos de 2019.

La exautoridad busca de esta manera recuperar su libertad, asumir su defensa como corresponde a un expresidente de Bolivia, por  vía de juicio de responsabilidades, pero con la condición de que ella sea puesta en libertad, para estabilizar su salud. 

Eso implicaría eliminar el proceso por el caso Golpe II, que se ventila en la justicia ordinaria.

“En un primer reconocimiento judicial al derecho constitucional que me asiste a ser procesada mediante Juicio de Responsabilidades, conforme al Artículo 184.4 de la Constitución Política del Estado y la Ley No. 044/2010, por la presente me dirijo a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios, ante los asambleístas legislativos nacionales de sus respectivas agrupaciones políticas, para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona, con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país”, reza el pedido.

En la misiva señala que Bolivia ha vivido momentos críticos y dramáticos de convulsión social y confrontación durante los años que precedieron a la sucesión constitucional que asumió, y reiteró que “con responsabilidad, amor a Dios, a mi pueblo y con el fin de lograr la pacificación del país”, como “la convocatoria y la realización de elecciones generales transparentes, luego del fraude electoral del 20 de octubre de 2019”.

Lamentó que a raíz de una denuncia temeraria y descabellada, se ha montado una serie de acusaciones y persecuciones en su contra, viciadas de ilegalidades y abusos, que determinaron su secuestro y detención hace 403 días, violando sistemáticamente todos los derechos fundamentales de cualquier boliviano como la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, "la investigación imparcial y mi justa defensa, privándome de mi libertad, mi vida, mi integridad y mi salud”.

Por ello, sentenció que con la plena convicción de su inocencia sobre cualquiera de los supuestos delitos de que se le acusa, “tengan la certeza de que mantengo la misma valentía y coraje con los que acepté mi responsabilidad constitucional de asumir la Presidencia transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, ante la renuncia, incumplimiento de deberes y abandono de sus cargos y del poder, de las autoridades que me precedían”, versa el documento.