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La justicia excluyó este martes 35 de las 41 pruebas presentadas por la defensa de Jeanine Añez dentro del marco del juicio oral por el denominado caso "golpe de Estado II". Entre los documentos que fueron descartados se encuentran el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de 2019 y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la sucesión. 

"El Gobierno y la Justicia sometida que dejó morir al señor Marco Aramayo, siguen el mismo procedimiento de indebido proceso, desigualdad de las partes y falta de garantías judiciales, linchando a la expresidenta constitucional de Bolivia, Jeanine Añez", consta en una publicación en la cuenta oficial de la expresidenta interina. 

A continuación, pasaron a explicar que el Tribunal de Sentencia invalidó "de forma ilegal y burda" el informe de la OEA que "confirmó el fraude electoral de Evo Morales" en 2019; el pronunciamiento del TCP "que avaló la sucesión constitucional" de Añez; la Memoria de la Conferencia Episcopal Boliviana, donde se detallan las reuniones en las que participó el Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros representantes; y otros documentos y videos "que prueban el reconocimiento oficial" de la exmandataria por parte de los Órganos estatales y la comunidad internacional. 

También recordaron que la justicia dispuso la declaración de los testigos fuera de forma presencial, lo que, en opinión de la defensa, limita las posibilidades de la ex jefa de Estado, ya que la mayoría de sus testigos viven fuera de la sede de Gobierno. Algo que no aplica a "los acusadores del Gobierno", quienes pueden participar del juicio de forma virtual. 

"A la ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez se le impide asistir de manera presencial al juicio que se realiza de forma sumaria en su contra, se le niega el derecho a igualdad de partes para que declaren sus testigos de forma virtual, se le rechazan pruebas evidentes. Estamos ante un linchamiento político – judicial contra Jeanine Añez, sin precedentes en la historia de Bolivia", insistieron. 

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Al respecto, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, criticó que el Gobierno lamente "hipócritamente" el fallecimiento del exdirector del Fondo Indígena (Fondioc) Marco Antonio Aramayo, mientras continúan "linchando" a su madre. 

"Ayer el Tribunal excluyó 35 pruebas de la defensa de mi madre, mientras aceptó ´pruebas´ masistas fraguadas fuera de los hechos de 2019. Hoy el gobierno hipócritamente lamenta la muerte de Marco Aramayo, pero siguen linchando a Jeanine Añez hasta sentenciarla y matarla", escribió en sus redes sociales. 

Dentro de este caso, Añez y miembros de las fuerzas del orden son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Ambas faltas suman una pena máxima de 14 años de prisión. El ministro de Justicia, Iván Lima, en meses pasados, estimó que la justicia determinará 12 años de cárcel para los demandados.

Juicio de responsabilidades

A través de una carta dirigida a Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, líder de Creemos, Añez solicitó a ambos miembros de la oposición que viabilicen un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto, con el fin de "establecer la verdad de los hechos" y con "plena convicción" de su inocencia. 

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"Me dirijo a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios ante los asambleístas legislativos nacionales de sus respectivas agrupaciones políticas, para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona, con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país", consta en la misiva. 

La exmandataria sostuvo que a raíz de una denuncia "temeraria y descabellada", se montó una serie de acusaciones "y persecuciones" en su contra, que además están "viciadas de ilegalidades y abusos". 

"Con la plena convicción de mi inocencia sobre cualquiera de los supuestos delitos de que se me acusa, tengan la certeza de que mantengo la misma valentía y coraje con los que acepté mi responsabilidad constitucional de asumir la presidencia transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, ante la renuncia, incumplimiento de deberes y abandono de sus cargos y del poder, de las autoridades que me precedían a responsabilizarse", recalcó.