La muerte del exdirector del Fondo Indígena Marco Aramayo es dolorosa e indignante, no solo porque muestra la crueldad del MAS y de sus operadores judiciales, sino porque es una demostración de que todos los que creen en la libertad, la democracia y la transparencia están en situación de indefensión. ¿Quién querrá denunciar corrupción de ahora en adelante si lo que les espera es la cárcel y la tumba?

Hicieron lo mismo con el expresidente del desaparecido Servicio Nacional de Caminos José María Bakovic, quien murió en 2013 de tanto recorrer el país para comparecer en más de 70 juicios que le abrieron luego de que insinuara que una empresa constructora brasileña había aportado a las campañas de Lula Da Silva, en Brasil, y de Evo Morales, en Bolivia.

Aramayo, en cambio, denunció el millonario desfalco del Fondo Indígena, de donde se desembolsaron cerca de 1.000 millones de bolivianos para proyectos en los pueblos indígenas, pero que fueron a parar a las cuentas particulares de los máximos dirigentes de las organizaciones sociales que apoyan al MAS.

Aramayo fue encarcelado en 2016 por supuesto incumplimiento de deberes y preso se quedó hasta el jueves de la semana pasada, cuando fue sacado tras una crisis de hipertensión.

Para que no pudiera acogerse a la libertad, le abrieron la increíble cantidad de 259 juicios, además de dictarle 26 detenciones preventivas, lo llevaron por todo el país y lo tuvieron preso en más de medio centenar de cárceles y carceletas, donde fue objeto de todo tipo de abusos y torturas.

Fue Evo Morales quien lo condenó públicamente al calificarlo de “doble delincuente” en 2016, seguramente por haber puesto en duda la honorabilidad de sus dirigentes obsecuentes y de él mismo porque Aramayo había revelado que el Fondo Indígena desembolsó 300 mil bolivianos para llevar gente a la posesión simbólica de Morales en Tiwanaku, en 2015.

Con Aramayo se violaron todas las características del debido proceso. Fue juzgado más de 200 veces por los mismos delitos y casos, pese a que la ley prohíbe juzgar a una misma persona dos o más veces por el mismo hecho. Estuvo detenido preventivamente durante siete años, pese a que esa condición no debe sobrepasar los seis meses o ampliarse para terminar la investigación. No pudo acceder a una detención domiciliaria o a la libertad, pese a ser hipertenso, diabético y a haber padecido covid en cuatro ocasiones.

La muerte de Aramayo generó indignación entre los líderes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, opositores, medios independientes y ciudadanos. La pregunta es cuál es el efecto que tuvo esta muerte en el MAS. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la justicia “no ha sido humana” con Aramayo; el de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió a lavarse las manos indicando que se le dio la atención adecuada; y la defensora del pueblo, Nadia Cruz, luego de años de silencio, dijo que hubo vulneraciones al debido proceso, justo cuando Aramayo agonizaba.

Muchos de los acusados del desfalco deben estar finalmente tranquilos con su venganza, pero el MAS debería estar preocupado porque le acaba de explotar una granada en la cara. El caso Aramayo es una evidencia de crueldad y manipulación de la justicia.

Evo Morales, que lo sentenció sin juicio; Luis Arce, que siendo ministro consintió los desembolsos del Fondo Indígena y como Presidente mantiene la persecución contra opositores y disidentes; Nemesia Achacollo, que en vez de denunciar, apañó la corrupción; el fiscal Juan Lanchipa, que puso a sus fiscales al servicio del MAS, todos ellos deberían estar avergonzados porque se les murió la víctima en las manos.

Ha tenido que ser la muerte la que ponga fin al calvario de Aramayo. No puede haber mayor derrota que ésa para un país que se dice democrático y para un Estado que en vez de velar por los derechos humanos, se convierte en su principal violador con saña, rencor y alevosía.