Más allá de quién fue el primero que denunció las graves  irregularidades y corrupción en el exFondo de Desarrollo Indígena y Campesino  (Fondioc), lamentablemente, hasta ahora, este caso no ha sido resuelto y se desconoce quién o quienes se embolsillaron millones de bolivianos que estaban destinados a la ejecución de proyectos.

Con la extraña muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc, la investigación del caso debe reanudarse con mayor ahinco por parte de las autoridades judiciales, así como indagar por qué aparentemente no se prestó atención médica inmediata a Aramayo, sobre quien pesaba más de 250 procesos por presunto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Aramayo era el único procesado del caso, cuando es imposible creer que una sola persona haya sido capaz de cometer tantos delitos en una institución como el exFondo Indígena. ¿Dónde están sus colaboradores? ¿Dónde están las autoridades del ministerio que tenía tuición sobre la institución que manejó millonarias sumas para proyectos que nunca se ejecutaron?

Los bolivianos necesitan una respuesta sobre este caso, que comenzó a ser investigado por el Ministerio Público en febrero de 2015, después de que la Contraloría General del Estado presentó una denuncia por un daño económico inicial al Estado de al menos 71 millones de bolivianos por 153 obras inconclusas o fantasmas. Daño que con el pasar del tiempo se fue sumando y se descubrieron más hechos irregulares, que comprometían incluso la participación de la exministra Nemesia Achacollo, quien estuvo recluida en la cárcel, pero que después de un tiempo recuperó su libertad.

En enero de 2016, se anunció la entrega de una lista de más de 2.000 personas supuestamente implicadas en las graves irregularidades en el exFondioc y en la que aparecían viceministros, diputados, dirigentes afines al partido de gobierno. Sin embargo, a la fecha, no hay sospechosos que estén tras las rejas o que las investigaciones avancen y señalen a los verdaderos responsables.

Esta es una muestra más de cómo está la justicia boliviana, cuestionada por innumerables casos, conformación de consorcios, por no llamar otra cosa.

Es lamentable saber que un caso de corrupción tan grande como del exFondo Indígena no haya avanzado a más de siete años de haber sido denunciado. Según el exdiputado Rafael Quispe, quien también presentó denuncia, nunca se abrió juicio, cuando existen elementos suficientes para responsabilizar a exautoridades, dirigentes y otros por  la millonaria corrupción. La justicia es responsable de esclarecer este hecho en el corto plazo, caso contario, quienes están a cargo del caso también deberán ser investigados por las pésimas acciones que hasta ahora realizaron.