Después de siete años con detención preventiva, falleció Marco Antonio Aramayo, quien cargaba sobre sus espaldas 256 juicios por una misma causa, ésta fue denunciar públicamente el desfalco de unos 170 millones de dólares al Fondo Indígena, desde 2012. En Bolivia los denunciantes de corrupción son procesados y los responsables gozan de plena libertad. Aramayo confrontaba un coma diabético, se encontraba en terapia intensiva, estado precedido por un infarto, habiendo sido reanimado con mucho esfuerzo.
Los 256 juicios lo obligaban a casi diarios viajes a distintas ciudades y también a provincias. Este vaivén y la tortura que significaba, lo han conducido a tan grave estado de salud. Verdadera tortura aplicada –no solo a él— por los Tribunales de Justicia y por el Ministerio Público, cumpliendo instrucciones del Órgano Ejecutivo. Otro de los fallecidos por ese tormento, en el año 2013, ha sido el ingeniero José María Bacovic, sometido a similares decenas de juicios y los constantes viajes que debía efectuar, muriendo por infarto.
Del sistema de cientos de procesos penales son víctimas líderes opositores y simples militantes, así mismo la ex presidenta Jeanine Añez. Ella está detenida preventivamente durante ya un año sin consideración a su quebrantada salud. Por declaración pública del ministro de Justicia, Iván Lima, se la juzga en la vía ordinaria porque el MAS no tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa, ya que le corresponde juicio de responsabilidades en la Asamblea. Declaraciones cínicas como ésta son un explícito atentado contra la legalidad y los derechos humanos. Lamentablemente provienen de uno de los máximos encargados de la Justicia. No es un solo juicio ordinario sino desdoblado en supuestos delitos que, se dice, se le sigue no por ex Presidenta sino por ex senadora (¿?), recurriendo a motivos burdamente inventados. Al presente este tipo de procesos contra Añez sobrepasan los dedos de una mano.
Todos estos casos atentan contra el principio jurídico internacional y por supuesto nacional de que nadie puede ser procesado por más de un juicio por el mismo motivo, principio contenido tanto en la Constitución como en el Código de Procedimiento Penal. No obstante, tal proliferación procesal se inició en el gobierno de Evo Morales y es continuada a pie juntillas por el Luis Arce. Sin embargo, no faltan quienes lo llaman “conciliador” y “no persecutor de opositores”, pero la realidad está a vista de todos. Los casos Aramayo y Añez deberían ser de conocimiento de la Comisión Americana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, mediante la encargada de velar por los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet.
En contrapartida, Nemesia Achacollo, entonces Ministra del ramo de Evo Morales, goza de libertad, siendo como es, una de las responsables del millonario desfalco. De similar libertad gozan decenas de dirigentes indígenas que sonsacaron tamaño monto en complicidad con altas autoridades y derivaron a sus cuentas particulares. Sin duda, espectacular corrupción impune.