Se temía que ocurriera lo peor en el caso del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Antonio Aramayo Caballero, y ese desenlace se dio ayer a las 5:00. Oficialmente, la causa, según informan los partes médicos, fue un paro cardiorrespiratorio, pero hay otras causas, más profundas, vinculadas con el ejercicio del poder y con la corrupción. 

Si Aramayo no hubiera develado el desfalco al Fondioc, tal vez hoy estaría ocupando algún cargo jerárquico o diplomático, como ha ocurrido con tantos “exilios dorados” que hemos visto; posiblemente los poderosos que lo nombraron en esas funciones contaban con su complicidad y silencio, porque para llegar a ese puesto se necesita haber jurado al partido y haber demostrado lealtad a los jerarcas masistas. Sin embargo, Aramayo fue el más decidido denunciante de la rampante estructura de corrupción montada alrededor del Fondioc por quienes se autoproclamaban como la “reserva moral de la humanidad” y que con proyectos fantasmas desfalcaron esa entidad creada para promover el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. Los modos que los estafadores se dieron para robar rayan en lo inverosímil: uno de ellos, por ejemplo, Jorge Choque Salomé, quien ocupara las funciones de senador por el MAS, se inventó un pueblo denominado Curuxa, que no figura en ningún mapa, a nombre del cual gestionó desembolsos del Fondioc para presuntos “proyectos de desarrollo” por casi un millón de dólares que, por supuesto, terminó en sus bolsillos. Y lo mismo se puede decir de otros “beneficiarios” que hoy son autoridades, legisladores o bien diplomáticos.

Desde el momento en que Aramayo denunció la corrupción de los masistas, éstos trataron de silenciarlo de la peor forma: usaron a la justicia en franca descomposición, sumisa al poder, y concretamente al entonces presidente Evo Morales, como una mordaz. A Aramayo le iniciaron 256 querellas, pasó siete años en detención preventiva y hasta sufrió vejámenes y torturas que están prohibidas por la Constitución Política del Estado y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito el país; en cambio, no hay ningún condenado, pese a la flagrancia de los delitos cometidos, por el desfalco al Fondioc y, por el contrario, quienes se han enriquecido con esos recursos públicos hasta han sido premiados con cargos jerárquicos en el masismo, lo cual da el funesto mensaje de que más vale el prontuario que los méritos. Hoy, autoridades gubernamentales se lavan las manos en cuanto al calvario judicial de Aramayo e inclusive la Defensora del Pueblo ha declarado que no había 256 querellas sino sólo 88, lo cual deja en claro a quién defiende esta funcionaria interina. 

Una justicia sin independencia ni imparcialidad se convierte en un arma mortal en manos del Poder Ejecutivo. Ha quedado demostrado ya con el suplicio que vivió el exdirector del Servicio Nacional de Caminos José María Bakovic, quien se defendía de más de 70 querellas, y ahora se confirma con el deceso de Aramayo.