Marco Aramayo murió por un paro cardiorrespiratorio en una sala de terapia intensiva del Hospital de Cotahuma de La Paz a las 5:40 de ayer, pero en realidad él ya estaba muerto hace mucho tiempo, desde el momento en que le iniciaron 256 procesos y lo encerraron por siete años en 56 cárceles, sin sentencia, por haber denunciado el millonario desfalco del Fondo Indígena, el escándalo de corrupción más grande del gobierno de Evo Morales.

Entre septiembre de 2013 y febrero de 2015 Aramayo fue director del Fondo Indígena, una partida presupuestaria creada con recursos de la renta petrolera, que financió proyectos a organizaciones sindicales y campesinas afines al Movimiento Al Socialismo  durante la gestión Morales.

Fue él quien denunció un desfalco millonario en el Fondo Indígena con actos de corrupción que iban desde proyectos no ejecutados y obras inconclusas, y una mala administración de los recursos que eran transferidos a cuentas personales de dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aramayo alertó de las irregularidades al Directorio del Fondo y a la entonces ministra Nemesia Achacollo, que era quien autorizaba los proyectos y los desembolsos, pero no solo que no fue escuchado, sino que en abril de 2015 fue enviado a la cárcel.

La danza de cifras millonarias habla de más de 1.200 millones de bolivianos desembolsados en más de 1.000 proyectos en cuentas de 4.400 dirigentes del MAS beneficiados por los dineros del Estado que provenían de la renta petrolera.

La principal acusada del caso fue Nemesia Achacollo como presidenta del directorio del Fondo y ministra que aprobaba proyectos y desembolsos, pero ella pasó solo un tiempo con detención y en noviembre de 2020 se le levantó el arresto domiciliario.

En cambio, contra Marco Aramayo el MAS desató una feroz persecución judicial que sumó una cantidad literalmente increíble de 256 procesos en su contra. Aramayo fue sometido a una maratón de audiencias judiciales en diversos juzgados del país a los que debía acudir a defenderse frecuentemente por alguno de las centenares de acusaciones penales.

Curiosamente, el ministro de Justicia, Iván Lima, considerado el principal operador del gobierno en el manejo de las instituciones judiciales del país, criticó a la justicia de no haber tomado las medidas necesarias para preservar la vida y la salud de Aramayo y habló de la existencia de una “justicia inhumana”.

Su colega de Gobierno, Eduardo del Castillo, asegura que Régimen Penitenciario no escatimó los esfuerzos para salvar la vida de Aramayo.

Pero Héctor Castellón, abogado de Aramayo, dijo todo lo contrario y declaró que es falso que su defendido recibía atención médica, y que, por el contrario, Régimen Penitenciario “ni siquiera se ocupó de darle una aspirina y fueron cómplices de ese maltrato y los traslados intempestivos” para llevar a Aramayo a las audiencias.

Algo parecido le ocurrió en 2013 al expresidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, a quien le crearon 72 procesos durante el gobierno de Evo Morales y, en uno sus muchos traslados a La Paz para declarar en las audiencias, sufrió hemorragias por una angioplastía coronaria y más tarde murió en la clínica.

Es una lástima que gobierno y justicia practiquen esta suerte de tortura psicológica y física con la táctica de cargar cantidades enormes de procesos a una persona por venganza o por ser un adversario político, hasta provocarles la muerte. Ante esa “justicia” boliviana, los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas que llegan en pomposas misiones de observación, no dicen nada y se convierten en cómplices.