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La organización internacional Human Right Watch (HRW) consideró que la muerte en prisión de Marco Antonio Aramayo, el exdirector del Fondo Indígena que denunció un desfalcó de más de Bs 500 millones, “evidencia los estragos de la falta de una justicia independiente”.
“Nos entristece la muerte de Marco Aramayo. Hay alegaciones serias de violación al debido proceso e inadecuada atención médica en prisión. ¿Pero quién va a investigarlas?”, se preguntó César Muñoz, investigador sénior de HRW.
Aramayo, quien tenía en su contra 256 denuncias penales, falleció a las 05:40 de este martes por efecto de un paro cardiorrespiratorio, en el Hospital Municipal Cotahuma de La Paz, donde ingresó el sábado a una sala de terapia intensiva.
El exdirector estuvo siete años en la cárcel tras revelar que, en 2014, Nemesia Achacollo (MAS), entonces ministra de Desarrollo Rural en el gobierno de Evo Morales, autorizó el desembolso de Bs 575 millones para proyectos que no llegaron a concretarse.
Aramayo fue director ejecutivo del Fondo Indígena entre septiembre de 2013 y febrero de 2015. Tras su salida, ya enfrentaba 120 denuncias, todas por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El jueves ingresó al Hospital de Clínicas. Estaba intubado y la diabetes que padecía complicaba aún más su tratamiento. La defensa de Aramayo denunció una atención negligente de parte de las autoridades del penal.
“El señor Aramayo ha salido caminando a emergencias del Hospital de Clínicas y desde ahí tenemos entendido que su estado de salud fue desmejorando” dijo Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, en contacto con los periodistas.
El desfalco del Fondo Indígena implicó a una treintena de dirigentes vinculados al MAS que recibieron recursos para proyectos de desarrollo. El Fondo Indígena se creó con los recursos generados por la renta petrolera.
De acuerdo con el recuento del periodista Andrés Gómez, 84 jueces, 91 fiscales, seis policías investigadores y 32 técnicos conocieron el caso de Aramayo.
El exdiputado Rafael Quispe, quien también denunció el desfalco, señaló que tras ocho años de investigación la Fiscalía no pasó de la etapa de investigación. "Nunca se abrió el juicio", señaló.
