Con pleno apego a sus competencias y atribuciones, la Sala Plena del TSE emitió una resolución en la que exhorta a las organizaciones políticas que procedan a la renovación de sus directivas. Deben hacerlo en un plazo de 180 días, conforme a sus estatutos orgánicos. Es una cuestión fundamental para la democratización interna del sistema de representación política en el país.

Desde septiembre de 2018, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) regula la constitución, funcionamiento y democracia interna de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinas. El núcleo de esta norma está orientado a impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas en el ejercicio de su vida orgánica y los procesos de toma de decisiones, incluida la conformación y la renovación periódica de sus dirigencias.

En la actualidad, el sistema boliviano de organizaciones políticas está conformado por 11 partidos políticos (de alcance nacional), 120 agrupaciones ciudadanas y 22 organizaciones indígenas. Los partidos y agrupaciones tuvieron plazo hasta el 31 de diciembre pasado para la adecuación de sus estatutos a la LOP. En ese marco, corresponde la renovación de sus dirigencias en caso de que todavía no lo hayan hecho. Tienen plazo hasta mediados de octubre. A ello apunta la necesaria resolución del TSE.

Según la normativa vigente, las organizaciones políticas son entidades de derecho público que se constituyen libremente para concurrir a la acción política, así como a la formación y ejercicio del poder público. Para ello compiten en elecciones, postulando candidaturas a cargos de gobierno y de representación. Resulta paradójico por tanto que, en su estructura y vida orgánica, los partidos y las agrupaciones ciudadanas, con pocas excepciones, se resistan al ejercicio de la democracia interna.

Ciertamente, no basta una resolución exhortativa del TSE para que las organizaciones políticas asuman la responsabilidad de su renovación. Es fundamental que el impulso democratizador surja desde sus propias dirigencias y militancias. Pero tampoco es algo discrecional. Los partidos en especial tienen la obligación de cumplir la normativa que los rige, así como sus documentos constitutivos. Y el Órgano Electoral Plurinacional debe fiscalizar que lo hagan. En ello no caben dudas o curiosas disidencias.

¿Cuántas y cuáles son las organizaciones políticas que continúan sin renovar sus directivas, incumpliendo sus propios estatutos orgánicos? ¿Desde cuándo? Es necesario que el TSE y los Tribunales Departamentales difundan públicamente esta información. Y que asuman en serio la tarea de supervisar el ejercicio de procedimientos democráticos y paritarios para la elección de dirigencias en el plazo establecido. Está en juego, nada menos, la democratización o no de nuestro sistema de representación política.