A fines de enero de este año se desató el escándalo judicial por la “liberación” de un feminicida que, condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, fue fraudulentamente beneficiado con “detención domiciliaria”, situación en la que siguió asesinando a mujeres jóvenes en la ciudad de El Alto.

Todos se rasgaron las vestiduras; el Gobierno conformó apresuradamente una “Comisión de seguimiento”, se instruyó la intervención de los juzgados de ejecución penal, se constató que similares “liberaciones” beneficiaron al menos a otros 150 asesinos y, con gran teatro, se recapturó a algunos de ellos al tiempo que se demolía la vivienda del primer feminicida liberado. El repudio ciudadano llegó a las calles en varias ciudades del país lo que motivó que la crisis judicial, convertida en tragedia, ocupara los principales titulares de la prensa. 

Otros temas han ido ocupando la agenda mediática. Ya no se tuvo noticias sobre la “Comisión de seguimiento” de los feminicidios, no hubieron nuevas recapturas de asesinos liberados, no conocimos el resultado de la intervención de los juzgados de ejecución penal, aunque sí la detención y enjuiciamiento irregulares de 3 jueces.

Parecería que este mes de abril el Gobierno intentará volcar la página o al menos pasar a segundo plano la crisis. El viernes 1ro de abril se difundió la decisión gubernamental de postergar indefinidamente una “cumbre” que, supuestamente, debía encarar la crisis judicial, y este martes 12 de abril el ministro de Justicia, a tiempo de publicitar una sentencia del Tribunal Constitucional que “prohíbe la liberación de feminicidas”, anunció “que nunca más va a pasar eso”, porque incrementará las penas de aquellos malos jueces y abogados que, en consorcio con médicos y trabajadores sociales, cometieron esos delitos…” (La Razón 13/04/22).

Está claro que el Gobierno ha optado por “darle largas” a la reforma judicial, minimizando la honda gravedad de la crisis judicial, con lo que está ratificando su carencia de verdaderas propuestas, su visión episódica y coyuntural, y la adopción cada vez más evidente de posturas demagógicas.

 Veamos:

1. Desde julio del año pasado que están pendientes las conclusiones del GIEI, que hizo especial hincapié en la urgencia de la reforma judicial para acabar con la dependencia política de jueces y fiscales, la persecución judicial de los opositores, la impunidad de las masacres últimas, el abuso de la detención preventiva, el hacinamiento carcelario, etc. Esta omisión es tan evidente que la Comisión IDH ha obligado al gobierno a conformar hace 3 semanas una “mesa para la implementación y cumplimiento” de sus recomendaciones.

2. Así sea preliminarmente, Diego García Sayán, Relator de la ONU, ha dejado un largo listado de las graves deficiencias de nuestra administración de justicia, dónde se destaca la falta de Independencia, la impunidad de los feminicidios, los patrones de persecución política-judicial, la carencia de presupuesto y la designación de las altas cortes. En su momento el gobierno dijo suscribir el 100% de lo anotado por García Sayán, pero ese 100% hasta ahora ha quedado en “O” ante la inoperancia oficial.

3. La postergación indefinida de la “cumbre” gubernamental, supuestamente por “falta de acuerdos con la oposición”, aparece como una falacia, no desmentida hasta ahora por los opositores, porque se desconocen intentos o propuestas para esos acuerdos, mucho más en un ambiente en el que el gobierno ha descalificado reiteradamente a la oposición como “golpista”, por haber planteado la renuncia del fiscal y de los magistrados. Al parecer, el “acuerdo” que busca el gobierno no iría más allá de consensuar en el parlamento la selección de postulantes para la elección judicial de diciembre de 2023, sin tocar para nada las causas profundas de la debacle judicial.

4. Suponer que con una sentencia constitucional que prohíbe los delitos, o con penas agravadas para los jueces que liberan a asesinos, “nunca más va a pasar eso”, es subestimar la inteligencia de la gente que, pese a la indignación, sabe que no es con más cárceles que se combate la delincuencia, y que la penosa conducta delictiva de varios jueces está originada en su falta de idoneidad ética, en su mediocridad e improvisación, y en su filiación y sometimiento gubernamental, razón primera y última de sus designaciones

El Gobierno puede archivar sus cumbres y propuestas, puede disimular su omisión con parches punitivos y, seguramente, intentará embriagar a la oposición con “acuerdos” para repartirse postulantes en 2023, pero lo que no podrá evitar es el convencimiento nacional de una reforma constitucional urgente para iniciar una verdadera reforma judicial, que es la tarea de hoy y de la gente.