La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, informó este miércoles que el Censo de Población y Vivienda costará 68 millones de dólares para todas las fases y los recursos se cubrirán con créditos externos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Estamos hablando de un presupuesto para la gestión 2022, en adelante, hasta concluir la etapa poscensal, del orden de 67,4 millones de dólares; a esto hay que añadirle las auditorias que se llevarán adelante, las evaluaciones y comisiones de administración que son aproximadamente 600.000 dólares, que sería que estamos hablando de un costo total de 68 millones de dólares”, afirmó la autoridad del Gobierno en conferencia de prensa.

Precisó que, del total de recursos, Fonplata garantiza 40 millones de dólares, cuyo monto fue autorizado en contrato mediante el Decreto Supremo 4649; y en el caso del BID, el crédito es por 26,4 millones. El Tesoro General de la Nación aportará 1,6 millones para el proceso.

Mendoza aseguró que el Gobierno nacional asume el crédito de las financiadoras y ambos acuerdos serán trasladados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente aprobación.

El Censo de Población y Vivienda será el 16 de noviembre y en esta etapa preparatoria se lleva adelante la actualización cartográfica. En el detalle, Mendoza aseguró que esta fase tiene un avance importante con la entrega de formularios y revisión por los gobiernos municipales. Dijo que la actividad tiene el fin de segmentar al país en viviendas y unidades familiares, amanzanadas, para luego calcular la cantidad de personal que será desplazada en el relevamiento de datos.

Sobre la Acción Popular y anuncio de protestas por parte de cívicos de Santa Cruz, que exigen información del Censo, la Ministra de Planificación afirmó que ese recurso constitucional está en manos de la justicia y exhortó a los operadores que consideren el cronograma de socialización que está en marcha por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“No se puede sesgar la información del Censo hacia un sector con intereses particulares, por tanto, la transferencia de la información tiene que dar la garantía que es para toda la población”, dijo la autoridad y recordó que el empadronamiento censal es competencia privativa del ámbito central del Estado, con el brazo operativo del INE.

En cuanto a la boleta censal, dijo que tiene un avance significativo y de verificación con la comisión interinstitucional que se conformó para este proceso. Dijo que incluir la categoría “mestizo” en la papeleta, sería un retroceso y “característica totalmente discriminatoria” y que, recordó, hay un pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre tipología de raza humana.