La “ley del embudo” es aquella que se aplica, de facto, cuando las cosas se ponen anchas o fáciles para unos y angostas o difíciles para otros, pero lo que está pasando en Bolivia con esa forma de actuar, desde el poder, ya tiene rasgos criminales.

Fue muy claro lo ocurrido cuando al gobernador de La Paz, Santos Quispe, se lo encontró consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho y se lo llevaron detenido. Por esos mismos días se confirmaban las ilegalidades en el proceso de compra de 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí, pero a ningún fiscal se la ha ocurrido que el gobernador debería ser detenido, para evitar que use sus influencias y persuada a los testigos a no decir nada o cambiar las cosas. Es que este gobernador es masista y hombre de confianza de Evo Morales, así que la justicia lo trata diferente.​

La expresidenta Jeanine Añez ya lleva más de un año detenida y, hasta ahora, ni siquiera ha sido sometida a juicio. Su detención es preventiva, y, según señala el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal, “la etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso”.

Lo mismo está ocurriendo en el caso de Marco Pumari que, de inicio, recibió detención preventiva por cuatro meses, pero la Fiscalía pidió que su reclusión se prolongue por otros seis. El argumento es que, al igual que con Añez, la complejidad del caso amerita la extensión de la etapa preparatoria. No toman en cuenta que la complejidad aplica “en razón a que los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales”, lo que no ocurre en los casos señalados.

Lo que hacen los jueces y fiscales es actuar conforme pide el Órgano Ejecutivo y, a partir de ahí, han perdido la autonomía que tenían para actuar con probidad y justicia. Si al gobierno no le interesa investigar a una autoridad en cuya gestión fueron cometidos delitos al intentar comprar 41 ambulancias, entonces esta se sentirá segura y, como se está viendo, los únicos acusados serán funcionarios subalternos. Si, en cambio, el investigado no forma parte del gobierno, entonces le largarán los perros para detenerle, así sea solo por unas horas.

Entonces, cuando se trata de sus administradores bolivianos, la justicia no es igual para todos. Es ancha para los oficialistas y angosta para los opositores. El gran detalle es que eso también es ilegal porque la normativa del Ministerio Público dice que se debe actuar con “igualdad y no discriminación”.

Están discriminando y, al hacerlo, violan la ley; sin embargo, ¿ante quién vamos a acusarles? ¿ante ellos mismos?

Ellos saben que no podemos hacer nada para sancionar sus infracciones legales y actúan en consecuencia.

*Juan José Toro Montoya es periodista