El Gobierno nacional informó este miércoles que el Censo de Población y Vivienda, que se realizará el 16 de noviembre, tendrá un costo de 68 millones de dólares y que la categoría “mestizo” no será incluida en la boleta, porque sería un “retroceso” y se incurriría en “discriminación”.

La información fue proporcionada por la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, quien detalló que 40 millones provendrán de Fonplata, 26.4 millones del BID (ambos organismos internacionales) y 1.6 millones de recursos del nivel central del Estado.

“Recomendamos no dejarse caer en malas interpretaciones de orden político, el Censo es un proceso netamente técnico y lo que devenga del resultado del proceso censal, que será informado oportunamente una vez concluya el proceso, por supuesto tendrá otras connotaciones, incluso para el Gobierno nacional, porque nosotros dependemos de esa información para definir la inversión que se llevará a los diferentes departamentos”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Indicó, además, que se autorizó la contratación directa para la compra de motorizados en el extranjero para el Instituto Nacional de Estadística, una vez sea elevado el requerimiento de esa instancia a la Contraloría General del Estado.

La conferencia de prensa:

Respecto a la boleta censal, la titular detalló que se avanzó con la verificación internacional, y que el banco de preguntas cumple con los parámetros y la consistencia requerida por los organismos extranjeros.

“Sobre el tema de mestizo, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas, de hace muchos años, donde no se incluyen tipologías de raza humana, por lo tanto, sería un retroceso y sería una característica totalmente discriminatoria, por eso es importante difundir esta información a la población”, dijo la ministra.

Recalcó que la realización de la encuesta nacional es una competencia privativa del nivel central y que, hasta el momento, un 96 por ciento de los municipios remitieron los formularios en los que se requirió información relacionada a sus comunidades.

“Las autoridades competentes deben tomar en cuenta los procesos de socialización que fueron llevados adelante por el INE , no se puede sesgar la información del Censo a un sector particular, la transparencia de   la información debe ser para toda la población”, concluyó Mendoza.