El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe sobre los derechos humanos de 2021 y, en referencia a Bolivia, concluye que habría existido, según su óptica, "abusos y arbitrariedades" por parte de la Justicia. En síntesis, observa "una presión inusual" del Gobierno sobre los operadores del aparato judicial.
El documento hace referencia al caso de la expresidenta Jeanine Áñez y dice también que "el Gobierno no siempre respetó la ley". Lamenta que la "detención preventiva sea la regla y no la excepción".
“La aplicación inconsistente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto condujeron a la impunidad”, añade el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“En una entrevista del 23 de marzo (2021), el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el Gobierno inició un proceso penal contra Áñez porque carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del Ministro sugería que el Gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Ánez que en darle un juicio justo”, se lee en otra parte del informe.
Asimismo, el escrito apunta: "La Constitución establece que los presidentes en ejercicio y los expresidentes tienen derecho a un juicio político, no a un juicio penal normal, por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el Gobierno inició procesos penales regulares contra Áñez".
Recuerda, además, que Carolina Ribera, hija de la exmandataria, denunció una supuesta tortura sufrida por uno de sus primos, hijos de Juan Carlos Áñez (hermano de la exmandataria).
"La Policía detuvo arbitrariamente a sus dos hijos durante 36 horas y torturó a uno de ellos. Le pusieron bolsas negras para asfixiarlo, lo golpearon y le pidieron que les dijera dónde estaba su tía (Jeanine)”.
También, el documento realiza un repaso por diferentes problemáticas bolivianas. Recuerda los crímenes de mujeres trans, la situación en las cárceles de Bolivia y la discriminación que experimentan las personas con VIH, entre otros tópicos.
