La derecha boliviana trata de sostener vigente la dicotomía GOLPE VS FRAUDE de manera interesada; está clara la intención detrás de ello, hay que mantener un hilo de conexión constante con sus bases movilizadas en 2019 tras el relato propuesto en su esquema, pero además en medio del Juicio Penal instalado, se trata de confundir respecto del verdadero dilema: Golpe vs. Sucesión, que es lo realmente está en discusión.

La primera dicotomía ha sido superada desde el mismo 2020, incluso judicialmente; no hay que olvidar que en simultáneo del asalto al poder y con los mismos operadores de justicia que hoy se cuestiona se instaló el Caso fraude, en base al informe preliminar de la OEA (el preliminar que no mencionaba la palabra fraude) se actuó de inmediato, se persiguió y apresó a las autoridades electorales, funcionarios del órgano electoral y del Ministerio de Justicia, con el control mediático absoluto se instaló una verdad a su manera y se condenó públicamente a los supuestos autores del fraude. En materia judicial sin embargo nunca se pudo concretar tal verdad, no encontraron, pese a su dominio total de los actuados, ninguna evidencia material que sustentara su tesis, uno a uno los procesados han sido liberados de culpa por la justicia y ese caso se ha diluido como lo que era, un montaje comunicacional como parte de un plan preestablecido para justificar el golpe de Estado.

A nivel internacional ocurrió lo contrario de lo que ellos buscaban, universidades e institutos de alto prestigio en América y Europa, medios de prensa de corte conservador y de manera absolutamente independiente y con argumentos y recursos técnicos incuestionables han rebatido sistemáticamente las afirmaciones de la auditoría de la OEA y dejado sin sustento la tesis del fraude, tan serios e incuestionables los análisis, que Almagro y el ingeniero informático, que se hizo famoso con una tabla de Excel en los días del golpe, se ocultaron para no discutir jamás la consistencia de todos estos estudios, la afirmación era clara, no hubo fraude y el resultado electoral de 2020 lo terminó de confirmar, incluso en las propias mesas que la OEA había tomado como muestra para consolidar el golpe.

Con ese debate superado, lo que resta esclarecer es si la consecuencia de ese escenario que fue la interrupción de un mandato y la instalación de un nuevo gobierno en noviembre de 2019 fue constitucional o fue de facto (de hecho), esa es la materia del juicio que hoy tiene a Jeanine Añez ante los tribunales de justicia, la denuncia afirma que fue golpe de Estado y por tanto la llegada de Añez al Gobierno se dio sin los canales constitucionales ni la cobertura legal para el caso, por tanto Añez y su gabinete han usurpado funciones, se han atribuido la soberanía del Estado y todos sus actos son nulos.

La tesis de la defensa de Añez se basa en el supuesto vacío de poder generada por la renuncia del Presidente y su prelación de sucesores formales, claro, se cuida de mencionar en qué condiciones se habían dado esas renuncias, e ignora deliberadamente que en ninguno de los casos estas habían sido consideradas formalmente en las instancias definidas por Ley y por la Constitución.

Ese es del debate de fondo, y que deberá dilucidarse materialmente en el ámbito de la justicia; todos los demás son condimentos políticos, al final hay antecedentes del propio siglo 21 que nos muestran la ruta, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez llegaron a la Presidencia por sucesión constitucional, sus antecesores renunciaron ante el Congreso de la República; este órgano consideró y aprobó las mismas antes de proceder a la aprobación de la resolución de Congreso para nombrar y ministrar posesión, en los casos de Quiroga y Mesa incluso siendo vicepresidentes electos en funciones.

Al final el juicio se va resumir en esas actuaciones legislativas, la defensa de la señora Añez deberá aportar como parte de su sustento dos resoluciones inexcusables: la resolución del pleno del Senado que aprueba las renuncias de Salvatierra y Medinacelli y nombra presidenta de esa Cámara a Jeanine Añez y la resolución de Asamblea que aprueba las renuncias del Presidente y Vicepresidente y nombra en sucesión constitucional a Añez como presidenta del Estado, ambos documentos con anterioridad al momento del discurso ante el hemiciclo vacío.

El juicio podrá dilatarse, usarse como argumento de persecución política, ser el eje de una campaña comunicacional, pero al final se reducirá a esas pruebas materiales, claro, una vez consolidado el fallo, demostrado que no fue constitucional, queda desenmarañar en los mismos estrados judiciales los pormenores de la organización del golpe y los responsables pasar a explicar sus razones, participación, motivación y sobre todo la propia organización del golpe de Estado, todo en el marco de la ley y la justicia para que la verdad material se imponga sobre los argumentos políticos. (Emilio Rodas Panique es analista político).