El reporte extranjero invisibiliza las masacres de Sacaba, Senkata y sale en defensa de la Resistencia Juvenil Cochala.

Un reciente informe de EEUU sobre Bolivia, sale en defensa de la exsenadora Jeanine Añez y de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) pero invisibiliza las masacres de Senkata, Sacaba o El Pedregal y las secuelas de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto.

El informe extranjero considera como arbitraria la detención de la exsenadora, pero no menciona su responsabilidad penal en la toma del poder, ni la coordinación que hubo con actores ajenos al Legislativo que asistieron a la reunión secreta en la Universidad Católica Boliviana (UCB), el 10 de noviembre de ese año, encuentro que decidió su autoproclamación sin la presencia del MAS o del Gobierno de entonces.

Tampoco menciona que se autoproclamó presidenta del Senado sin el quórum reglamentario y que no cumplió la normativa jurídica vigente para asumir ese cargo, ya que la ley y el reglamento de la Cámara Alta establecen que la presidencia le corresponde al bloque de mayoría, es decir al Movimiento Al Socialismo y de ninguna manera al sector de minoría, donde ella se encontraba.

El reporte estadounidense olvida que Añez no cumplió con su deber de llamar a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para leer las cartas de renuncia de los entonces mandatarios, lectura que era requisito fundamental para proceder a un cambio presidencial en el marco de la norma jurídica.

Tampoco menciona que, en una sesión sin el quórum reglamentario, Añez se autoproclamó presidenta del país sin cumplir el orden constitucional y hasta un militar en traje de campaña le entregó los símbolos de la Presidencia del país.

Esta ausencia de requisitos legales en la autoproclamación de Añez, fue evidenciada en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país.

Por esos hechos ocurridos entre el 10 al 12 de noviembre de 2019, la Fiscalía reunió al menos 70 pruebas que demuestran la inconstitucionalidad de la toma del poder por parte de Añez en el caso denominado como “golpe de Estado II”.

 El informe de EEUU tampoco abunda en detalles sobre las secuelas de las masacres de Senkata, Sacaba, El Pedregal o Betanzos, que dejaron 38 personas fallecidas, la mayoría indígenas, así como centenares de heridos, detenidos de forma arbitraria o torturados.

No se refiere tampoco al “decreto de la muerte”, signado con el número 4078, que tuvo el objetivo de eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en la represión a los movimientos sociales.

El reporte extranjero sale en defensa de los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala e invisibiliza que agredieron, atacaron, acosaron e intimidaron a mujeres y varones indígenas que salieron en defensa de la democracia.

Menos menciona que los activistas de la RJC fueron protagonistas de las graves vulneraciones a los derechos humanos de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce, quien fue humillada, ultrajada y agredida públicamente por integrantes de ese grupo paramilitar.

El informe del GIEI fue claro al recomendar al Gobierno la desarticulación de grupos parapoliciales y paraestatales como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, entre otros. Es decir, el informe de EEUU está parcializado, sale en defensa de Añez, de la RJC y minimiza a los masacrados en 2019.