El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma que el gobierno de Luis Arce “ejerce presión” sobre la justicia boliviana para procesar a Jeanine Áñez sin respetar el debido proceso y cometiendo abusos contra la expresidenta transitoria. Así lo señala el informe de derechos humanos, presentado ayer por el secretario de Estado, Antony Blinken.

El documento señala que se cometieron detenciones indebidas, persecución judicial y “presión del gobierno, con motivaciones políticas” para influir en las decisiones de los administradores de justicia.

Señalan como muestra de estos actos de presunta presión la presencia del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, y del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como supervisores del arresto de Áñez en Trinidad,Beni.

“La presencia de estos altos funcionarios (Aguilera y Del Castillo), altamente irregular para una operación de arresto, era un indicador de que el gobierno en los niveles más altos estaba dirigiendo el proceso contra Áñez y otros, ejerciendo una presión tremenda sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, detalla el informe.

Asimismo, observan que Áñez debe ser juzgada como expresidenta en un juicio de responsabilidades y no en un proceso ordinario.

El escrito también refiere que en una entrevista del 23 de marzo, el ministro de Justicia Iván Lima dijo que el gobierno inició un proceso penal contra la exautoridad porque el oficialismo carecía de los dos tercios en el Legislativo para autorizar su juicio político.

“Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Áñez que en darle un juicio justo”.