Es verdad que el diseño institucional de la autonomía boliviana trató de inspirarse en la autonomía del Estado español, pues como allí, se buscaron caminos intermedios dentro de toda la gama de eufemismos para encajar un sistema que no podía ser federal ni nada que sonara a dividir la Patria, pero que debía dotar de suficiente independencia de gestión para que resultara útil en un país tan diverso. Es así que la autonomía española es en muchas ocasiones más libre que el Estado Federal argentino o el alemán, por ejemplo.

La descripción de riesgos también se asimilaba. Mientras en España son Cataluña y País Vasco quienes con más insistencia reclamaban por la profundización de sus competencias y autonomía, en Bolivia lo eran Santa Cruz y Tarija. En España, a modo de equilibrio, se optó por una vía rápida y una lenta para la implementación del autogobierno, con formas diferentes de acceder a la gestión de determinadas competencias. En Bolivia, como sabemos, se acabaron reconociendo los referéndums previos a la Constitución, compatibilizando los Estatutos, y se aprobó un régimen transitorio para aquellas que no habían optado por la autonomía, y que de hecho siguen sin hacerlo, pues los documentos que emanaron de las Asambleas impuestas fueron rechazados en las urnas por la otra mitad del país.

Lo que sí es diferente en España y en Bolivia es su sistema de representación política. Mientras en Bolivia las fuerzas que quieran optar a tener representación en la Asamblea Plurinacional deben tener un candidato a la Presidencia y ser de ámbito estatal, en España se permiten presentar listas para diputados y senadores solo en algunas circunscripciones, y de hecho, el candidato a la Presidencia es un diputado más elegido en alguna provincia.

Esta situación ha permitido que en España las minorías regionales sean en muchas ocasiones claves para la conformación de mayorías, por lo que velan celosamente por sus intereses y comercian con competencias, mientras que en Bolivia más bien es al revés, los diputados y senadores electos en determinadas regiones se diluyen en la bancada de su partido al llegar a La Paz y nunca nadie más sabe si realmente hizo algo por su región.

La nueva Ley de partidos deja una leve posibilidad de lograr una representación territorial fuerte en la Asamblea Plurinacional, que es la de presentar una alianza con nueve agrupaciones departamentales, al menos una por departamento, pero aún así, no parece que haya ahora mismo nadie articulando mecanismos para lograr que esto se concrete.

Lo cierto es que el peso de las regiones es cada vez menor en un Estado que se refundó autonómico, pero cada vez parece más un compendio de colonias a las que esquilmar y “ofrecer” regalos sin apenas escuchar lo que desde la tierra se necesita.