En esta semana, se empezaron a escuchar los tambores del conflicto en torno al Censo de Población y Vivienda. Los argumentos no son, por lo general, novedosos. Se repiten los tópicos y desconfianzas de 2012. Habría que hacer un esfuerzo para evitar un conflicto inútil que se puede resolver con algo de racionalidad de los actores y voluntad del Gobierno de explicar técnicamente el proceso.

Hacer un censo es un proceso moroso, largo y complejo por la dimensión del operativo que implica, no tanto por la información que se recolectará o el uso que se le dará. Sobre estos aspectos hay metodologías bastante conocidas y probadas desde hace años.

Si uno compara las boletas de censos de varios países latinoamericanos, las diferencias suelen ser menores. El instrumento no puede ser confundido con un menú para satisfacer el gusto del cliente. Por tanto, más allá de la siempre pintoresca discusión sobre el “mestizaje” o las ocurrencias de algunos actores, el margen para innovar es muy reducido. Y eso se debe a razones técnicas, avaladas por organismos internacionales y no a alguna oscura conspiración política.

Lo complejo es tener todo listo para movilizar a cientos de miles de personas en todo el país durante un par de jornadas, sabiendo que cada una de ellas tiene que saber exactamente a dónde ir y aplicar una boleta precisa. Para eso, se tiene que contar con una cartografía actualizada, gente capacitada, sistemas de coordinación y supervisión, tecnología adecuada para transcribir la información y un largo etcétera de mecanismos logísticos que van desde los barbijos, el lápiz, las camionetas que llevan a la gente o su refrigerio. Lo arriba mencionado es el verdadero problema y en eso el Instituto Nacional de Estadística tiene que ser claro y firme. No basta con afirmar que podrán en los ocho meses siguientes, tienen que demostrarlo solventemente. En esos temas de logística, el diablo está en el detalle.

Sobre su uso posterior: el Censo producirá información, pero es la política la que tendrá que traducirlos en escaños o más recursos. Es decir, no hay que pelearse por el instrumento, hay que dejar que se haga bien y en los tiempos adecuados. De eso habría que discutir hoy con transparencia y si se verifica que en efecto se necesita algunos meses más, considerar alguna modificación del calendario.

Queda esperar no llegar al ridículo de hacer un paro u otra medida de fuerza para que el Censo no se haga o bien se realice a como dé lugar, porque a algún caudillo local se le ocurrió o al Gobierno se le desbordó la logística y no cumplió con sus promesas.