El Instituto Nacional de Estadísticas (lNE) tiene que tener una sola actitud: ser transparente. De no hacerlo, por muy profesional que sea su trabajo, será cuestionado y los datos perderán validez tanto para la gente común y corriente como para los especialistas y organismos de cooperación internacional.

Si bien el INE tiene un cronograma de visita a los departamentos para explicar la marcha del censo, eso no es suficiente, dado que las explicaciones versan sobre temas periféricos del censo como el compromiso del gobierno de realizarlo este año, o las actividades preparatorias como la elaboración de los formularios de recolección de información, de la actualización cartográfica estadística, o que están utilizando la última tecnología aplicable a los censos.  En criterio de la dirigencia cruceña lo que están haciendo es “marear la perdiz”.

Lo que piden algunas regiones es que el INE informe con detalle los procedimientos que se están realizando para el levantamiento de la información. Señalan los cruceños que todavía no existe una ruta crítica del proceso censal. También creen que sería prudente realizar un pre-censo para que no les escamoteen población. Afirman que una de las intenciones del gobierno central es retrasar el censo previsto para noviembre de este año. Cómo no van a estar susceptibles los dirigentes regionales si los recursos económicos y su representación política en la Asamblea Plurinacional dependen directamente de los resultados del censo.

En otros países, como es el caso de la Argentina, que realiza su censo entre el 16 de marzo al 17 de mayo del 2022, el operativo para esta tarea comenzó hace aproximadamente dos años. Solo la actualización de la cartografía demoró casi un año. También hicieron un censo preliminar entre el 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2021, este censo, denominado experimental les posibilitó poner a prueba los instrumentos que se emplean ahora en el operativo final. Discutieron con los técnicos en población y optaron por realizar un “censo de derecho”: es decir las personas se contabilizarán según su lugar de residencia habitual, donde pasan la mayor parte del tiempo. Hasta ahora, todos los censos fueron “censo de hecho”: la población se registraba en el lugar donde había pasado la noche previa al día del censo. Como es en nuestro caso.  Con esta medida se evita que la foto salga movida, es decir que la gente retorne a su lugar de nacimiento para apoyar a su municipio. También los argentinos levantarán los datos vía digital.

Más allá de conocer cuántos somos en Bolivia, la importancia del censo tiene su lado político.  La distribución de escaños de diputados según la Constitución Política del Estado, artículo 146 inciso V, señala que “del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a la ley.  Por último en la Ley 421 de distribución de escaños, se determina en forma muy clara cuántos escaños corresponden a cada departamento y estos corresponden a la población regional.

A partir de estas disposiciones se desprende que la representación política de los departamentos podría reducirse o ampliarse, pero si vemos desde la perspectiva de los candidatos a la Asamblea veremos que las franjas de seguridades que tienen también se pueden estrechar o expandirse.

De esto se desprende que la actitud regional ante el censo no es homogénea. Las regiones expulsoras de población se sienten cómodos con la situación actual.

Es más, en el fondo no les interesa el censo porque su poder político y económico puede ser cuestionado con los resultados. Pero otra es la situación en las regiones receptoras de población. Las autoridades tienen que prestar servicios con los recursos que en la actualidad son otorgados con base en el anterior censo.

Para curarse en sano lo mejor que puede hacer el INE es transparentar los procesos con los cuales se está llegando al censo en la fecha prevista. Los datos que arroje el censo deben ser diáfanos.

Rodolfo Eróstegui Torres es experto en temas laborales.