La realización histórica de censos nacionales en Bolivia tiene en su primer ejercicio durante el Gobierno del Mcal. Andrés de Santa Cruz (1831), cuyo objetivo fue cuantitativo – tributario (1.088.768 hab.), hasta el último realizado el año 2012 (10.027.254 hab.), y con la proyección probable 2021 (aprox. más de 11.216.000), en nuestro país se realizaron: cuatro censos de vivienda, por lo menos dos agropecuarios si así podemos considerarlo al de la década de los 50 y 12 censos de población. Los últimos cuatro (1976, 1992, 2002 y 2012) respondieron no sólo a percepciones políticas sobre pago de impuestos sino sobre previsiones de planificación y en el último tiempo también para redistribución de recursos y escaños de poder. Lo más conflictivo, pero no lo más importante.

A la luz constitucional de la conformación de la nación (pueblo) boliviana que son la totalidad de bolivianas y bolivianos, naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas (Art.3); tiene además en el nivel central del Estado (Art. 298.I.16) su competencia privativa en censos oficiales. Por ello es inconcebible la idea de politizar el tema desde una óptica regional; lo importante es el principio de transparencia, claro está, pero en la dinámica de coordinación desde las competencias autonómicas, no meramente políticas.

El valor de los censos nacionales de población y vivienda es inestimable por la pluralidad cualitativa de datos que se obtienen y que permiten a una sociedad construirse en cuanto a su predicción, evaluación y prospectiva de su desarrollo a partir de la percepción social de una realidad. Las decisiones a nivel de políticas de Estado deben ser nuevamente: planificadas, monitoreadas y evaluadas; en razón de su impacto y resultados de sus planes, programas y proyectos en una perspectiva autonómica.

Las variables de empleo, pobreza, población, salud, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, participación política, seguridad ciudadana, género, derechos humanos, índices de precios del consumidor, comercio exterior, hidrocarburos, minería, industria manufacturera y comercio, construcción, servicios básicos, agropecuaria, transporte, telecomunicaciones, turismo, medioambiente, lengua, cultura, etc., son algunos elementos de análisis trascendentales para el rediseño de las políticas públicas.

Los resultados tras las etapas precensal y censal permitirán abordar debates razonables desde varias dimensiones y no sobre lo que hoy pareciera un único fundamento: coparticipación tributaria y escaños de poder, que además implicará una modificación de todo un paquete normativo que por lo se advierte estará sumergido y obstruido por los apasionamientos políticos y regionales.

El Censo debe desarraigar las ideas de:“cuánto más de recursos toca” o “cuántos diputados más debe tener una región”. El pacto fiscal, rediseño en los sistemas electorales nacionales y subnacionales, es importante para quienes sólo piensan en la toma del poder por el poder; cuando la prioridad a todas luces es rediseñar nuestras políticas públicas de desarrollo sectoriales, territoriales y nacionales de mediano y largo plazo.

Al declararlo como una prioridad nacional debe rediseñar la administración de la cosa pública en virtud a sus características: demográficas, económicas, sociales y habitacionales de todo el pueblo boliviano entre las complementariedades solidarias.