El extinto Jorge Lazarte Rojas buscaba una reforma integral del modelo de justicia y dejó varios trabajos donde exponía su preocupación por la degradación sistemática del sistema judicial. El año 2016, advertía que el derrumbe de la justicia era demasiado serio para el país como para dejar la solución del problema en manos de los que provocaron el “desastre”, y que pretenden hacer creer con malicia que las pautas para “revolucionar” la justicia emergerán como por encanto de las cumbres convocadas.

A tiempo de pronosticar que el objetivo de tener una justicia creíble y confiable estaba más lejos que nunca, Lazarte recordaba que en el pasado los que se distribuían (los cargos en las altas Cortes) eran varios partidos, y ahora es uno que ha reproducido la politización-partidización de la justicia. Nunca el poder judicial ha tenido magistrados tan poco o nada idóneos, o tan incompetentes. Y resumía, no se cambió lo que debía cambiarse, que es el control político; y se cambió lo que no debía cambiarse, que es el mecanismo con el cual fue instituido el primer tribunal constitucional dirigido por Pablo Dermizaky, que siguió el modelo de construcción de la Corte Nacional Electoral de los noventa (perfectamente aplicable en el 2022).

Con la capacidad de síntesis que le caracterizaba, en el trabajo ¿La justicia imposible?, Lazarte pasa revista al estado de la justicia desde su fundación, así como a la “revolución” de la justicia y el modelo “plurinacional” en la Constitución del MAS. Con la autoridad de haber sido parte de la Asamblea Constituyente (2006-2009), recordaba los argumentos del MAS para introducir la elección de las principales autoridades judiciales; sin embargo, no basta en absoluto que la necesaria independencia judicial figure literalmente en la Constitución, pues no hay Constitución alguna que no la proclame, sino depende en última instancia de la calidad de los operadores de justicia, de quienes son y cómo se los elige, y de que los gobernantes crean en ella. Tenía muy claro que el nudo gordiano se encontraba en la forma de selección y elección de los magistrados por voto universal, que ha producido una “justicia” no independiente, ni imparcial ni competente.

En el referido trabajo, Jorge Lazarte proponía que a corto plazo y al más alto nivel político, organizar una suerte de “mini cumbre” como el espacio de convergencia entre autoridades del gobierno, regiones, instituciones profesionales, civiles con alta credibilidad, con el encargo de abrir el debate sobre la reforma a fondo de la justicia, y conformar una comisión de “notables” (para llamarlo de alguna manera), del más alto nivel pluridisciplinario y profesional, refrendado por decreto supremo o resolución legislativa, que estudie y proponga las reformas constitucionales para la selección y designación de las más altas autoridades del poder judicial y del tribunal constitucional.

Esta misma mini cumbre debía organizar otra comisión de profesionales con la participación protagónica de colegios de abogados, las universidades, institucionales académicas, con el propósito de elaborar un diagnóstico completo y documentado del estado de la justicia en Bolivia. La idea era elaborar un “Libro Blanco” sobre la justicia, que contenga además una propuesta a mediano plazo de una nueva justicia, especialmente la reforma del sistema de enseñanza del derecho en las universidades. Este libro debía abrirse al conocimiento y participación de la opinión pública, para recoger el parecer de los ciudadanos.

Otra comisión, con similar composición, más el ministerio del ramo, estudiará y propondrá un plan de largo plazo destinado a cambiar las pautas de comportamiento de la población desde el aula y difundir los principios de una nueva cultura jurídica compartida en el país, que sea el sostén del nuevo modelo de justicia ya en marcha.

El financiamiento podría ser tramitado ante la cooperación internacional, que ha comprometido recursos suficientes para la reforma judicial. El objetivo final es tener un país con instituciones judiciales independientes, confiables y competentes, que resuelvan en derecho los asuntos que le son planteados, y una sociedad razonablemente organizada.