“Una cumbre de justicia solamente puede realizarse con la participación de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria (…). No vamos a hacer cumbres con un solo partido, necesitamos una cumbre de unidad” (La razón 1/abril/2022).

Es la última y sorpresiva declaración del ministro Iván Lima, anunciando el archivo o la postergación indefinida de la “cumbre” gubernamental que el presidente Arce prometiera este 3 de enero, inaugurando en Sucre el año judicial. Si fuere el primer anuncio sobre la reforma, la “cumbre” o la oposición sería una señal alentadora, distinta a la línea de confrontación y exclusión que estos 16 meses ha mantenido el Gobierno en casi todos los asuntos importantes de la vida nacional. Pero no lo es. Más parece el reconocimiento obligado de la deriva incierta en la que está el Gobierno frente a la crisis terminal de esta justicia al revés, que libera asesinos y encarcela inocentes, cooptada por el masismo, la corrupción, la ineficiencia y la mediocridad.

Es que la declaración de Lima, llamando a la oposición a una cumbre de unidad, es todo lo contrario a lo que él, insistentemente, declaró hace pocos meses y semanas. Veamos algunas de esas declaraciones:

1.“El Deber”, 6 de junio, 2021: “Carlos Mesa nos dice que se acorte el mandato de las autoridades judiciales, que los magistrados elegidos por el voto se vayan a su casa, eso se llama golpe de estado”.

2. Radio “Erbol”, 25 de agosto 2021: “Al pedir la renuncia de las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público, (la oposición) propone un segundo golpe de Estado, no lo vamos a permitir”.

3. Semanario “Tal Cual”, 27 de septiembre, 2021: “Hay dos caminos para reformar la justicia, el de la madurez y el de la aventura (…) de los abogados que están pidiendo un referendo y una reforma de la Constitución, para volver al cuoteo, y la que planteamos nosotros, que es la posibilidad de mejorar ese procedimiento (…) la respuesta que proponen Eduardo Rodríguez Veltzé y Juan Del Granado es que retrocedamos a ese cuoteo”.

4. Portal del Ministerio de Justicia, 23 de febrero, 2022: “El país quiere la transformación de la justicia, pero algunas personas no quieren esa transformación, dijo el Ministro en relación a políticos que condicionan la reforma a la destitución de magistrados (…) y algunas personas se han convertido en críticos destructivos, dijo Lima al referirse a exdirigentes que se presentan como independientes”.

Pero ya interesa poco la “esquizofrenia” gubernamental, lo importante es que, como dijimos a fines de 2021, a tiempo de presentar nuestra propuesta de Reforma, no esperemos ya nada del Gobierno, tomemos en nuestras manos, en las manos de la gente, la reforma y la transformación de la justicia.

Hoy esa tarea está en un momento nuevo. Junto a la mayor difusión y consenso de la propuesta, se ha iniciado la organización ciudadana en Comités para la Reforma, conformados ya en Oruro, La Paz y Potosí, integrados por otros juristas, por asociaciones y Colegios de abogados, líderes cívicos, estudiantes y catedráticos, y por activistas de Derechos Humanos.

Este mes de abril se ha anunciado similar conformación en Cochabamba, Tarija, Sucre y Santa Cruz y también hemos conocido inquietudes parecidas desde Cobija, Trinidad y Guayaramerín.

Es que, ante la omisión o las maniobras del Gobierno, lo que tenemos como desafío es una Cruzada Nacional por la Justicia que busca independencia e idoneidad de los jueces, presupuesto bien administrado para un servicio judicial digno y justicia que llegue a nuestros pueblos originarios y a la población de los barrios populares. Para eso es imprescindible la reforma parcial de la CPE vía referendo popular, por lo que la propuesta ciudadana tiene que cumplir los requisitos del Tribunal Constitucional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que nos deberán entregar libros donde recabemos la adhesión firmada de un millón y medio de ciudadanos que abrirá de inmediato el camino de las urnas.

Los plazos son relativamente breves. Hasta fines de mayo con mayor difusión y consenso debemos introducir la propuesta al TSE y al TCP, que según la ley deben tramitarla en tres y siete días respectivamente, y con los libros en la calle tenemos que recabar la adhesión ciudadana el segundo semestre de este año. Si logramos esa adhesión hasta fines de 2022, el referendo debe realizarse el primer cuatrimestre de 2023 para que la reforma se aplique en diciembre y elijamos de distinta manera a los magistrados, iniciando así, en un primer gran momento, la reforma y transformación de la justicia.