El más grande y angustioso asunto social y proporcionalmente olvidado es el de las comunidades de indígenas que están en todo el territorio nacional. En el tiempo anterior a la conquista de los incas al territorio aymara, a la conquista española y la etapa republicana, las comunidades fueron el eje central de nuestra vida social.
Pese a esa importancia, fueron objeto de represión, asalto, desprecio y abandono por fuerzas externas y ni qué decir en tiempos presentes, cuando han servido solo como pretexto demagógico, con el fin de hacer posible su desaparición. Al nacer la nación boliviana recibieron el apoyo de los decretos agrarios dictatoriales de Cusco y Trujillo de 1824, peor, que fueron tergiversados por siguientes gobiernos, hasta que Andrés de Santa Cruz les dio vigencia absoluta, declarando a los indígenas propietarios absolutos de sus tierras.
A pesar del éxito de esa política agraria, el gobierno de Mariano Melgarejo la echó por los suelos y quitó a los comunarios el derecho de propiedad sobre sus tierras y las pasó a propiedad del Estado, lo cual originó el desarrollo del sistema feudal agrario que fue anulado por la revolución del MNR de 1952, aunque después gobiernos reaccionarios tergiversaron y anularon sus alcances democráticos, hasta el presente.
En la actualidad, la cuestión de las comunidades es de tanta gravedad como en tiempo de Melgarejo. Medidas legales han quitado a los comunarios el derecho de propiedad sobre sus tierras y los han convertido en instrumento político para fines contrarios a sus intereses históricos. Pero, además de esos fines, las comunidades rurales que existen en el país son objeto de abandono y sus pobladores han sido condenados a migrar a las ciudades y padecer por la miseria y hasta ser aniquilados.
Esa política racista y discriminatoria ha puesto a la vista la desaparición no solo de esa valiosa población, sino de la misma nación. Los comunarios se encuentran expulsados del orden económico y político nacional. Son solamente apoyo al gobierno de turno y apenas producen para abastecer los mercados de consumo que, en otros tiempos, llenaban hasta reventar y exportar.
A partir de la Carta constitucional, la actual legislación agraria es, en su esencia económica, contraria a las poblaciones comunarias y, naturalmente, más a corto que a mediano plazo será de devastadores efectos en todo sentido.
Esa actitud de desprecio oficial y privado al mundo comunario, se puede decir que es el origen de la crisis alimentaria que vive el país. Antes de ahora, las comunidades llenaban los mercados de consumo, ahora ni siquiera se autoabastecen y empiezan a vivir de productos importados u otros ilícitos. Por esa parálisis económica no participan ni mínimamente en los planes de superación de la crisis económica nacional y mundial, sin hacer referencia a otros aspectos de máxima gravedad.