El Gobierno ha dicho que el domingo 16 de noviembre será el Censo Nacional de Población y Vivienda y que costará 83,9 millones de dólares, monto a cubrir con financiamiento externo.
La confirmación ha movilizado a los gobiernos subnacionales, particularmente a las alcaldías cuyas autoridades tienen interés en el recuento poblacional por cuestiones económicas: a más población, más recursos. Por eso es que Santa Cruz tiene tanto interés en su realización.
Los resultados de esta medición darán cuenta de cómo ha cambiado el país. Santa Cruz ya es el departamento más poblado y eso saldrá tras el Censo, lo que significa que debe recibir más dinero por coparticipación, más ítems de salud y educación y, además, planteará que se le asigne un mayor número de parlamentarios.
Tras el Censo de 2012, se supo que la población del departamento de Santa Cruz era de 2,8 millones de habitantes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta que este año, los pobladores de Santa Cruz serán más de 3,4 millones; es decir que en la última década la población de ese departamento sumó 646.128 personas adicionales.
El argumento cruceño es que esos pobladores adicionales son hombres, mujeres y niños que necesitan salud, saneamiento básico, educación, empleo, etc., pero que siguen recibiendo recursos como si fueran menos. En otras palabras, creció la población cruceña, pero los padres no lograron subir ni 1 solo boliviano en sus ingresos mensuales.
Los cruceños están convencidos de que eso puede cambiar si reciben más recursos, lo que sucederá cuando los resultados del Censo se conozcan oficialmente. Es por eso que, incluso, se ha conformado un comité impulsor del Censo, integrado por la Universidad Gabriel René Moreno, autoridades departamentales, municipales, legisladores y cívicos.
Y contrariamente a lo que Santa Cruz cree, no a todos los municipios les interesa que se haga el Censo porque lo que vaya a ganar ese departamento será a costa de lo que pierdan otros, y entre estos se encuentran Potosí y Chuquisaca que, también sobre la base de los datos del INE, son los mayores expulsores de población.
Por eso es que en Sucre se maneja el criterio de que los migrantes que residen en esta ciudad deben censarse en ella. Se dice que, en los anteriores recuentos, estos fueron a hacerse censar en sus municipios de origen, y allá hicieron asignar sus recursos de coparticipación tributaria.
En Potosí, en cambio, las cosas son más claras. Inspecciones realizadas a los barrios de migrantes demostraron que, en efecto, los que provienen del área rural o dispersa se fueron a sus lugares de origen a hacerse censar allá.
El secretario general de la Alcaldía potosina, Armando Iporre, dio a conocer que una actividad precensal del año 2012 mostró que en este municipio vivían más de 250 mil personas, pero los datos oficiales establecieron la cifra de 194.666 pobladores. La diferencia de cerca de 60.000 personas genera una pérdida de alrededor de 70 millones de bolivianos de los recursos de coparticipación tributaria que no entran a las arcas municipales. Sobre esa base, se discuten propuestas para que los migrantes permanezcan en Potosí y se hagan censar allí, como debería ser.
Por tanto, no todos los municipios están tan ansiosos de que llegue el Censo.
Además, está el cuestionamiento de para un Censo Nacional de Población y Vivienda se necesita por lo menos un año de preparación. Una de las tareas más complejas es la cartografía, el mapa que ubique las zonas del territorio nacional a donde deben dirigirse los encuestadores para contar a la población. El Gobierno nacional no ha estado trabajando en esto.
