El conflicto político que apunta a presunto narcotráfico encubierto en el Trópico de Cochabamba se potencia. Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), el mismo que brindó una conferencia de prensa para comenzar con el hilo de la discusión munido de audios, dijo este viernes que su decisión de exteriorizar y dar a conocer la denuncia responde a la necesidad de proteger el gobierno de Luis Arce.
A través de un nuevo tuit, el hombre que gobernó Bolivia por 14 años escribió: "Nuestra convicción es luchar contra la mentira y la corrupción. Nuestra consigna como movimiento político es la defensa de la verdad. Por dignidad, denunciamos el encubrimiento al narcotráfico porque nuestro deber es cuidar al hermano @LuchoXBolivia de golpistas proimperialistas".
La polémica se encuentra abierta. Actores políticos como Angélica Ponce, exdirigenta de las mujeres interculturales, acusó el miércoles que, según su perspectiva, Morales querría desprestigiar el mandato de Arce con la intención de repostularse próximamente. "Para mí, más pareciera armado para desprestigiar al Gobierno. Por otro lado, vamos a pedir que la investigación se profundice. No sería bueno que algunas autoridades estén defendiendo a los narcotraficantes", dijo, entonces.
La polémica también trajo consigo que se emitieran tres órdenes de aprehensión: en contra del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) José María Velasco, del excomandante de Umopar-Chimoré Yerko Terán y el excomandante nacional de Umopar Jaime Arancibia.
Terán, por su lado, ahora presuntamente declarado en la clandestinidad, salió a la palestra el jueves y acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, al Ministerio Público y algunos de sus “camaradas” de encubrir hechos de narcotráfico, específicamente vinculados a la zona de Valle Sacta y que fueron denunciados por Morales..
Terán, en declaración a medios de comunicación, dijo que siente que su vida y la de su familia esta amenazada y que, antes de ir preso o morir, primero responsabilizará al Ministro de Gobierno y otras autoridades del Estado.
