En las últimas semanas se ha vuelto a intensificar el duelo político que siempre envuelve a la actividad del narcotráfico. Desde que la DEA volviera a aparecer en escena y el ministro Eduardo del Castillo del Carpio interviniera después de atrapar al ex jefe de la FELCN, Maximiliano Dávila, señalado en un informe, a punto de cruzar la frontera con Argentina, los cocaleros del Chapare con Leonardo Loza y el propio Evo Morales a la cabeza han empezado a estrechar el círculo contra él, aunque Luis Arce ya lo ha “indultado” dos veces a pesar de la presión para sacarlo del cargo.

Del Castillo hizo detener a Dávila y lo acusó de alzamiento de bienes y blanqueo, una maniobra que en la práctica retarda cualquier extradición y le garantiza un juicio ante la “portentosa” justicia boliviana, lo que algunos analistas interpretaron como una especie de ayuda, hasta que Dávila, camino de San Pedro, lo arrojó a los leones señalando que el ministro, lo que en realidad quería, era involucrar a Evo Morales en esa investigación estadounidense que tiene como punto de partida al mítico “Techo e Paja”, liberado recientemente y, aparentemente, convertido a informante.

La guerra es a tumba abierta, Loza le dio crédito a las palabras de Dávila y pidió pruebas de pureza de Del Castillo; unas semanas después Del Castillo volvió a acusar a dirigentes cocaleros de incumplir la Ley; y el lunes fue el propio Evo Morales el que mostró una serie de audios de agentes policiales en los que aparentemente se daba protección a operaciones de narcotráfico en la zona del río Lajta, parecido a lo que se denuncia en el aeródromo de Mondaka.

Es evidente que el narcotráfico ha crecido en el país en los últimos años, básicamente porque el consumo a nivel mundial también lo ha hecho, y en esa cadena ultraliberal que es el negocio de la droga, al margen de cualquier regulación estatal, el mercado manda.

El consumo de droga en Bolivia, según el Observatorio del sector, también ha crecido, pero está lejos aún de los estándares de otros países vecinos, por lo que todavía no se ha convertido en un problema de orden público. Sí lo es el problema de la inseguridad ciudadana vinculada a esa actividad delictiva, donde alguien parece haber perdido el control propiciando nuevas guerras de bandas por control de territorios, con sus ajustes de cuentas, sus asaltos a mano armada y demás signos claros. Sí lo es también que el ilícito se convierta en una suerte de excusa para iniciar cacerías de brujas al interior de la política y que eso acabe debilitando no tanto al Gobierno sino al país y a su credibilidad. No conviene jugar con el narcotráfico.

El Gobierno de Bolivia tiene demasiados frentes abiertos y muchos problemas en la economía como para dejar que estas luchas de poder con insinuaciones varias sigan creciendo y desestabilizando al país. Arce debe atajar esa guerra interna de una vez, por el bien de todos.