Un censo de población y vivienda proporciona información sobre el número de habitantes en cada región, el estado de la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el acceso a servicios de agua y alcantarilla, y sobre varias variables demográficas. Su costo fluctúa alrededor de 55 millones de dólares y su margen de error varía entre 5 y 10%. Por sus altos costos e importante margen de error, corresponde investigar y discutir la posibilidad de poner en marcha otros instrumentos de menor costo y mayor eficacia.

La determinación del número de habitantes por regiones se ha convertido en un asunto político de gran importancia, pues de este número depende la participación de cada región en la distribución de los recursos de coparticipación tributaria y el número de curules en la Asamblea Nacional. Pero, no se necesita un censo para determinar el número de habitantes, pues, la información sobre los carnés de identidad proporcionados por el Segip puede ser utilizada para determinarlo con un costo pequeño y mayor precisión que el censo, pues arrojaría el número de residentes efectivos en cada lugar evitando, como ocurre con los censos, el error que se origina cuando la población se traslada a sus lugares de origen el día del censo. Por ejemplo, si la población migrante en Santa Cruz se fuera a sus provincias de origen el día del censo, se incurriría en un serio error de subestimación de la población de ese departamento, lo que podría generar peligrosas suspicacias.

El resto de la información que proporciona el censo puede ser muy útil en el diseño de políticas públicas lo que, en los hechos, no ocurre por varias razones: la información del censo y la posibilidad de actuar son el resorte del gobierno central, no compromete a las autoridades locales y es anónima. Esta es una observación importante, sobre todo en el caso de variables cuya ocurrencia es relativamente pequeña, por ejemplo, tasas de analfabetismo, desempleo, mortalidad, donde se requiere que las autoridades locales conozcan quienes son las personas o familias que requieren apoyo. El conocimiento de un número no es suficiente para diseñar políticas de apoyo a la población.

No más de 20 personas o centros de investigación utilizan la información censal y muy rara vez las autoridades se sirven de ella. En muchos municipios, las autoridades ediles ignoran aspectos importantes de sus poblaciones, por ejemplo, número de habitantes, niños que asisten a las escuelas, porcentaje de vacunados, servicios de las viviendas y otros.

Se puede superar las falencias anteriores con una mayor participación y compromiso de los municipios en la elaboración y manejo de la información local poniendo en marcha registros de viviendas y residentes a nivel municipal con información similar a la que arroja un censo, más información complementaría. Esta estrategia permitirá el diseño y ejecución de políticas públicas a nivel local con base en la información estadística que los municipios elaboren. Personalizando la información y manteniéndola actualizada se podrá superar una de las principales debilidades de un censo, la de contener información anónima y se logrará mejores resultados de la política social.

Bolivia tiene a su alcance, como la experiencia ha mostrado, el manejo adecuado de instrumentos informáticos. Para sorpresa y beneplácito de muchos, el Segip funciona en forma eficiente habiendo logrado computarizar los carnés de identidad de toda o casi toda la población boliviana. Algo similar puede decirse del registro de vacunas covid que arroja información fidedigna, en tiempo real, de las personas vacunadas y que se puede acceder a ella desde cualquier lugar del mundo. Faltaría hacer lo mismo con la información de los afiliados a los diferentes seguros. Con los datos de estas fuentes de información se podrá poner en marcha un sistema de información integrado y actualizado que permitirá validar la información local.

Una vez que se haya logrado poner en marcha estos instrumentos, no serán necesarios los censos, encuestas de hogares ni un padrón electoral. Se ahorrará mucho dinero, pues el gasto será modesto. Puede ser que tome alrededor de un año realizar estas mejoras, pero es necesario señalar que son posibles. Por el momento, parece ser que la realización del censo en el mes de noviembre es ineludible, pero queda la sugerencia de montar un sistema de información alterno para evitar nuevos censos en el futuro y, sobre todo, para modernizar Bolivia y lograr mayor efectividad en la elaboración y ejecución de políticas sociales.