Nadie duda que las acusaciones de protección al narcotráfico vertidas por el expresidente Evo Morales contra altos jefes policiales antidrogas es parte de la pugna interna del MAS por el control del poder, pero más allá de las motivaciones que hayan originado esas acusaciones, lo importante es establecer si tienen asidero.

A estas alturas ya no se trata únicamente de una denuncia de Morales en el marco de su campaña personal por deshacerse del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sino que ya fue interpuesta una denuncia formal ante la Fiscalía por el jefe de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Chapare,  teniente coronel Erick Terán; ya existe certeza de que las cuatro fábricas de droga denunciadas por el exmandatario en la zona de Sacta (Chapare) sí existen, además, los audios en los que los altos jefes policiales ordenan a Terán frenar el operativo antidrogas justamente en Valle Sacta el 25 de marzo ya son de conocimiento público.

Los acusados directos por Terán son el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani Espíndola; del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, y el comandante nacional de Umopar, Jaime Arancibia, por haberle ordenado a que se retirara de Sacta tras haber hallado las factorías de cocaína. Sin embargo, también existe un señalamiento indirecto al ministro Del Castillo.  Haciendo alusión a Velasco y Arancibia, Terán dijo que le ordenaron “de manera compulsiva, nerviosa y con un tono muy amenazante con las siguientes palabras: ‘Salgan del lugar, no toquen nada, no quemen nada, salgan, salgan de ahí e inclusive utilizando la terminología policial Exfiltren’. Pongo a conocimiento de su autoridad señor fiscal que el coronel Jaime Arancibia me dijo que esta orden es del ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) y del viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola”, refiere la denuncia.

Terán vuelve a involucrar de manera directa al viceministro Mamani y al coronel Velasco cuando indica que éstos le convocaron a una reunión para recriminarle por no haber obedecido de inmediato la orden de retirarse de Sacta, por lo que fue relevado del cargo.

Como se puede observar, son bastantes detalles y evidencias como para dejar pasar esta denuncia únicamente como parte de la pugna política entre Morales y el bloque renovador de su partido.

Lo que correspondería es que el presidente Luis Arce tome acciones inmediatas al respecto separando de sus cargos a los acusados, entre ellos al viceministro Mamani, para que la denuncia pueda ser investigada sin trabas de ningún tipo. Del Castillo ya hizo el relevo en la Felcn y dispuso su intervención.

Si bien las cuatro fábricas de droga fueron encontradas luego de la denuncia pública de Morales, aún falta saber quiénes operaban en ellas. Se dice que son ciudadanos colombianos, pues bien, cuáles son sus nombres y por qué no están detenidos para que declaren si contaban con protección política.

O, si hubiera la posibilidad de que la denuncia sea falsa, cosa poco probable, entonces el acusado tendría que ser el jefe de Umopar Chapare por meter al gobierno en un lío de grandes proporciones.

Morales sacó la denuncia argumentando que pretendían sembrarle pruebas en Sacta para acusarlo de nexos con el narcotráfico, lo que demuestra que su nerviosismo y su falta de confianza en el gobierno de Arce llegan a niveles paranoicos. En todo caso, poco importa el estado de ánimo del exmandatario. Lo que cuenta es que su denuncia es pesada y que el gobierno de Arce no se puede tapar los ojos ante la situación. Lo que corresponde es investigar y dar con los responsables.

Si las denuncias se comprueban, estaremos ante el primer caso de narcovínculos del MAS en niveles jerárquicos porque los acusados son altas autoridades en funciones. Mamani es el denominado zar antidroga y Velasco es el jefe operativo de la lucha contra el narcotráfico. La punta del ovillo ha sido descubierta, falta jalar el hilo para encontrar la verdad.