Entre ellas, la Constitución Política del Estado (CPE), la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta de la ONU de DDHH y la Convención de Derechos Políticos y Civiles, así como la Ley del Trabajo y la Ley Contra Toda Forma de Discriminación. En tanto, el dirigente del MAS de Santa Cruz, Lucio Vedia, ante las críticas por la marcha de encapuchados el lunes, dijo que esa acción no se repetirá y que el oficialismo se movilizará pacíficamente.

“No es un tema de confrontarnos entre cruceños. Era una forma de mostrar que también están organizados. Pero no es para alarmarse porque los compañeros decidieron que van a presentarse sin capuchas en las próximas marchas”, dijo Vedia a El Deber.

Asimismo, ante la presión, el Subcomandante de la Policía aclaró ayer que la institución sólo intervendrá en caso de que se altere el orden público y que la Policía garantiza y reconoce la libertad de pensamiento, reunión, expresión individual y colectiva.

El mismo ministro de Gobierno, Carlos Romero, salió a aclarar que el Ejecutivo garantizará “cualquier movilización, ya sea movilización social o de carácter político, porque es parte de la esencia de nuestra democracia”. Aclaró que “el general Moreno, lo que dijo, es que cualquier movilización está permitida mientras no se altere el orden público”.

En tanto, exdefensores del Pueblo, activistas y representantes de organizaciones políticas no aceptaron las aclaraciones y expresaron que la autoridad policial excedió en sus funciones toda vez que su trabajo es hacer respetar la Carta Magna, que establece que los ciudadanos tienen derecho a “expresar y difundir libremente pensamientos”.

Queremos decirle a la Policía que respete los derechos humanos, que respete la Constitución. No estamos contra la Constitución. La expresión de los ciudadanos es un derecho”, sostuvo el presidente de las plataformas ciudadanas paceñas, Vladimir Machicao.

En tanto, el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha ocupado en establecer la relevancia de la “libertad de expresión en la sociedad democrática”: es sustento y efecto de ésta, instrumento para su ejercicio, garantía de su desempeño.

A su vez, Rolando Villena refirió que otro de los derechos es que “el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

Vedia, por su parte, anunció que el MAS alista más movilizaciones para “defender” la repostulación de Evo Morales y que las concentraciones se incrementarán en las próximas semanas en todas las ciudades del país.

DATOS

Colectivos dan ultimátum. Miembros del Comité Nacional de Defensa por la Democracia (Conade) y colectivos ciudadanos entregaron ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una carta en la que le dan un plazo hasta el 6 de agosto para pronunciarse  sobre la reelección del presidente Evo Morales.

MAS va a Congreso. El MAS convocó a un Congreso Extraordinario en Sucre para el mes de septiembre, en el que definirán la campaña electoral hacia las elecciones de 2019 y la estrategia para “contrarrestar” las acciones de los colectivos del “Bolivia dijo No”.

PUNTO DE VISTA

César Cabrera Abogado constitucionalista

“Un Estado democrático no puede concebirse sin el disenso”

Ningún derecho es ilimitado. Si hay hechos de violencia como consecuencia de los gritos de Bolivia dijo No, entonces la Policía podría intervenir. Pero si los gritos no generan ningún conflictos, pues no pueden, por el sólo hecho de gritar, empezar a reprimir, porque ahí se estaría afectando gravemente el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Por ejemplo, la Declaración Universal de DDHH, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de derechos Civiles y Políticos refieren a la libertad de pensamiento y expresión. El solo hecho de gritar Bolivia dijo No, si no hay disturbios, no tienen por qué reprimir. Entre las normas internas, la Ley 045 y la Ley del Trabajo.