¿Será posible que las principales organizaciones empresariales resulten socios indispensables de la estrategia masista para controlar, sin cambios y sin fecha de vencimiento, el poder estatal? Algunas de las principales señales que difunden, muestran que es así.

Escandalizados, los aludidos opondrán como pruebas en contra, las rutinarias quejas de las cámaras de empresarios sobre la política económica vigente y sus permanentes críticas y mociones de ajustes, así como los ataques y presiones que reciben desde el Estado.

No se discute aquí la existencia de diferencias de enfoque económico (y político) entre el MAS y el corporativismo empresarial. Lo volvió a retratar gráficamente, la áspera convivencia del Ejecutivo encabezado por la señora Áñez, definitivamente vinculado a los sectores empresariales más poderosos y políticamente activos, con el Legislativo copado por el MAS. Y, eso, no desaparece ni con la peregrinación de empresarios a Chapare, para pedir el respaldo de Morales Ayma.

La pugna política entre ambos no fue y no es una simulación; la prisión de la señora Áñez, de algunos de sus ministros y la persecución y acoso ilegal que ejerce en su contra el descompuesto aparato judicial están a la vista.

Tales pugnas ratifican que los tradicionales dueños del poder económico quieren recuperar el monopolio de la conducción estatal, mientras sus nuevos ocupantes han decidido acapararlo hasta la eternidad, ganando con este ejercicio, de paso, su propio espacio entre los grupos capitalistas más importantes.

Pero esta realidad no diluye el hecho de que por mucho que la conducción corporativa de los empresarios levante polvo pidiendo “un nuevo modelo”, su visión y comprensión de nuestro país es demasiado parecida a la que reivindica y publicita el MAS, en cuanto que ambos se niegan a ver que “el modelo”, sea en versión estatista o privatista, está en fase agónica y nos mantendrá hasta la muerte en estado de supervivencia y enfrentamiento continuo.

Los últimos manifiestos de las cámaras empresariales, el de la “cumbre económica” de marzo y el del presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), plantean sus cuestionamientos centrales y la lista de sus reivindicaciones, con inocultable estilo de pliego petitorio gremial.

Sus reclamos se centran en reclamar lucha contra el contrabando, la informalidad y exigencias de nuevas autorizaciones para cultivos transgénicos y combustibles de origen vegetal, proponiendo un “nuevo modelo”, de corte ultraliberal y mercantilista, que requiere un neoclásico ajuste que traslade costos sobre el sector laboral.

Su extremo corporativismo, idéntico al que practica el Gobierno en favor de los sectores que lo apoyan, no menciona siquiera la necesidad impostergable de trascender el esquema de explotación salvaje de recursos que practicamos continuamente.

Al volver a poner el eje en la discusión y las peleas, reiteradas durante los últimos 80 años, sobre si necesitamos más Estado o más mercado, simplemente oculta y ofusca la atención pública, coincidiendo estratégicamente con la visión del MAS. De este modo, los patrones en Bolivia, privados o estatales, priorizan el interés de sus clientelas o asociados.

El corporativismo, de uno y otro bando, ha traspasado la legítima defensa de sus intereses sectoriales, para blandir un egoísmo de grupo que sepulta las necesidades de todos los demás, con una miopía, oportunismo y mezquindad supremos.

El MAS se aferra a preservar su esquema -tramposamente llamado “social comunitario- para mantener las alianzas con la dirigencia corporativa de origen popular que le da sustento y fuerza electoral. El corporativismo gobernante distribuye recursos naturales entre sus adeptos, o cierra los ojos ante ocupaciones violentas e ilegales, sean de tierras, de yacimientos minerales u otros. Ha aprobado y sostiene una legislación que permite que se exporten 2.500 millones de oro en un año, pagando menos de 60 millones, sin importar la brutal destrucción y daños ambientales que deja tras sí y sus ilícitas vinculaciones con consorcios extranjeros.

Por su parte, las cámaras empresariales que denuncian la ocupación armada de tierras de sus asociados, no dicen una palabra sobre que la superficie en disputa está instalada, ilegalmente, sobre una reserva forestal. Este corporativismo canta himnos al “desarrollo cruceño”, mientras fomenta y promueve el avance salvaje sobre las reservas y recursos naturales del departamento.

La visión corporativista de unos y otros es la mayor traba para imaginar y crear un futuro diferente.