Ya estamos en el quinto día del cuarto mes del año, abril, después de haber dejado marzo en la última semana. Este 2022 se pasa volando y con más pena que gloria, evidenciando que un importante anuncio del Gobierno fue simplemente eso.
Con bombos y sonajas, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo el 5 de diciembre del año pasado que en el mes de marzo (el que acaba de pasar) se celebraría una “cumbre” para cambiar la justicia boliviana. No hace falta entender mucho del tema para saber que esta se encuentra hundida en la peor crisis de la historia del país por su falta de independencia, su sometimiento al poder político, la corrupción y varios otros males.
Marzo ya es pasado y no solo no se ha cumplido la mentada cumbre por la justicia, sino que tampoco se advierten avances en ninguno de los seis ejes que había planteado Lima en septiembre de 2021, cuando decía que se debía discutir una redistribución de jueces, acceso en igualdad de condiciones, independencia, transformación digital del modelo de gestión, modificación de varias normas y profundización de la ética y la transparencia en la administración pública.
El plan era trabajar en encuentros y buscar un acuerdo político que permita tener “una justicia que implemente los mandatos democráticos de nuestra Constitución”, en palabras textuales del ministro del área. Pero nada de eso ocurrió: ni encuentros ni acuerdos políticos, y la justicia está no en el mismo punto crítico de siempre, sino en peores condiciones que nunca porque si hay un momento político en el que se advierte que fiscales y jueces han perdido todo sentido de independencia para responder a pie juntillas a las estrategias del Gobierno central, es este.
Paradójicamente, eso ocurre bajo el mandato del mismo ministro que cuando ingresó al gabinete se propuso llevar adelante una radical reforma de la justicia. En aquellos días de inicio de su gestión se decía que Lima había llegado “con patada voladora” para transformar la nauseabunda justicia boliviana, y más tarde incluso conformó un consejo de juristas notables para acompañar ese destacable propósito.
Algo pasó en el camino. Probablemente lo desautorizaron y el audaz ministro bienintencionado que irradiaba esperanza se fue diluyendo con el transcurso de los meses. El sistema instrumentaliza la justicia en beneficio del poder político, ni más ni menos que el pasado. Quizá más que nunca en la historia reciente del país. No prosperó ni la intención ni el consejo de notables y ahora, tampoco, la anunciada cumbre de marzo.
Lo último que dijo Lima es que “hacer un encuentro nacional con todas las organizaciones sociales, juristas independientes, academia y otros actores, sería una actividad parcial si no están las dos fuerzas políticas más representativas (…). Entiendo que en este momento no tenemos condiciones para tener un encuentro propositivo y con resultados ni con Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, ni con Creemos, de Fernando Camacho”.
Parece que de nada sirvieron los diagnósticos de varios organismos y misiones internacionales que llegaron a certificar y a proponer lo que ya todos sabemos; aunque dicho por ellos adquiere un tono diplomático: Bolivia necesita una urgente reforma del sistema de justicia para garantizar la independencia de un órgano fundamental para el Estado y el respeto al debido proceso adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional. Eso y mucho más.
En cierto modo, lo que ocurre en el lodazal que llamamos justicia tiene sentido: este gobierno necesitaría concluir con éxito su estrategia política para asentar en fallos judiciales su teoría del “golpe de Estado”, condenar a la cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez, que asumió una gestión de transición, y a otros protagonistas de aquellos acontecimientos como jefes militares y policiales, para dejar un precedente, de modo que nadie más se atreva a ocupar el poder que se quiere retener, como reiteró hace poco el expresidente Evo Morales, “para toda la vida”.
