Como había explicado en otro artículo (“Estado Débil, Gobierno Débil”), el sistema político boliviano pasa por un serio cuestionamiento a su legitimidad: está claro que el país arrastra una crisis política desde antes de la pandemia, pero digamos que la pandemia y los manejos arbitrarios del Estado, solo han profundizado esta crisis. Llamaba la atención, por ejemplo, que la confianza en el sistema político se asemeje en 2021 a 1997 y no a 2009, que es cuando según datos de Latinobarómetro, la confianza en la democracia boliviana pasa por su momento más alto, pero también el hecho que los bolivianos creen hoy más en la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas que en los partidos políticos.

Entonces, es importante preguntarse qué ha cambiado desde la publicación de los datos de Latinobarómetro en 2021 y si los actores políticos hacen algo por superar la crisis política: un sistema político con poca confianza solo favorece a que las decisiones de los actores políticos produzcan más conflictos, y si el Censo de Población y Vivienda programado para noviembre de 2022 es una radiografía para la toma de decisiones políticas, entonces el clima no es favorable. Y esto por tres motivos: la conflictividad social está dirigida a las instituciones públicas, la transparencia y control social para acompañar el proceso es casi inexistente, y los actores políticos que están en pugna no son los partidos políticos, sino y como en 2019 y a finales de 2021, demandas regionales y el gobierno central.

La Fundación UNIR, de hecho, confirma los datos sobre conflictividad social. Entre 2017 y 2020 los conflictos en el país estaban dirigidos sobre todo a gobiernos municipales, aunque las causas mutan: van en principio sobre servicios básicos, y luego a la atención en salud por COVID-19. Como entre 2017 y 2020, entre 2021 y 2022, los protagonistas de estas demandas son vecinos, pero es desde los conflictos entre octubre y noviembre de 2021 -por la abrogación de la ley 1386 “Estrategia Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo”- que las demandas están dirigidas a la administración pública en general. Claro, hay que salvar algunas diferencias: en todo el periodo anterior a 2022, los conflictos se concentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras que, en 2022, departamentos como Chuquisaca y sobre todo Oruro han aparecido como protagonistas. Es decir, lo que los informes de conflictividad de UNIR detallan es que, si bien los conflictos ideológicos no son importantes y los vecinos son protagonistas, existe un malestar “manifiesto”, desde 2017. El hecho que la administración pública sea blanco de demandas dice no solo que el vecino no está satisfecho con sus instituciones, sino y, sobre todo, que, si el Censo de Población y Vivienda de 2022 se enfoca demasiado en recursos económicos a distribuirse en gobernaciones departamentales, entonces escenarios conflictivos están a la vista.

En un libro llamado “Niet de Kiezer is Gek” en 2017 (“el votante no está loco”), un politólogo holandés llamado Tom van der Meer exploraba la confianza política en Holanda. Era un contexto en el que los votantes cambiaban de partido más que nunca -las elecciones de 2015, se habían repartido entre 12 partidos, que se encontraban todos entre el 8% y 13% de votación- para Van Der Meer tenía que ver con una vía doble de desconfianza: no solo eran los electores los que desconfiaban de los partidos, también los políticos de los electores. Pero curiosamente, Van der Meer apuntaba que la confianza en los partidos crecía cada vez que se acercaba un proceso de votación, sea referéndum o elecciones (Holanda tiene un sistema parlamentarista) porque los políticos contaban con que sus acciones eran puestas en cuestión, es decir, los procesos de votación, polarizados o multipolarizados, aumentaban la rendición de cuentas y la confianza política a medida que se acercaban, aunque una vez pasados, esto de la (des)confianza política volvía a su normalidad.

Haciendo un salto hacia Bolivia y el Censo de Población y Vivienda -donde no existe un sistema parlamentario y más bien hiperpresidencialista, tampoco referéndums desde 2016, pero es un esquema multipolarizado- el caso explorado por Van der Meer debería ayudar a un par de cuestionamientos: está claro que el Censo de Población y Vivienda del año 2022 se asemeja al del 2012 porque existen demandas históricas que se entrecruzan con otras coyunturales -por ejemplo, las demandas regionales que se combinan con históricas, como el caso de Santa Cruz y los departamentos del sur de Bolivia y la distribución de recursos económicos más equitativa, o la inclusión de la categoría “mestizo” en la pregunta sobre autoidentificación étnica- pero tal como en 2012, los actores políticos más bien incentivan a polarizar el proceso en un clima de desconfianza política, por otro lado, si se incentiva a polarizar el proceso y a la desconfianza política, eso significa que el proceso solo tiende a involucrar menos a la sociedad civil y a cualquier tipo de control. En pocas palabras, digamos que lejos de tomar al Censo de Población y Vivienda del año 2022 como un proceso para incentivar la confianza política, los actores políticos estarían luchando por ir de la multipolaridad a la polarización, pero, más importante, dejar de lado cualquier tipo de pacto o compromiso entre actores políticos o bien, entre actores políticos y sociedad civil para llevar adelante el proceso. Como se ve, a diferencia de lo descrito por Van der Meer, aquí se opta por debilitar al Estado, en cualquiera de sus dimensiones, para tomar decisiones después del Censo de 2022.

Llevar el Censo de Población y Vivienda en el año 2022 bajo las condiciones actuales, sería conducir al sistema político boliviano a un escenario de desconfianza (aun más) crítica. Si esta es la meta, el país habría perdido la oportunidad no solo de estabilizar el panorama, sino también de modernizarlo. La solución empieza por la apertura del proceso a la sociedad civil. Todos los actores políticos, desde partidos políticos a gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y universidades deben empezar a involucrar a la sociedad civil en el control y diseño de políticas públicas a partir de mediciones estadísticas. La Constitución Política del Estado, por ejemplo, entre el Art. 300 y 302, facilita a gobernaciones y alcaldías a crear sus propias instituciones de estadísticas. Si estas instituciones involucrarían a actores de la sociedad civil, habremos dado un paso importante no solo para la confianza política, no solo para evitar que el control social esté condicionado a intereses políticos o partidarios, sino para la institucionalidad a largo plazo en Bolivia.