Tras la agresión a integrantes de la Comisión de Tierra Territorio, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado y representantes de la la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), durante la inspección a asentamientos mineros en la comunidad Chushuara, que pertenece al municipio de Apolo y está en el límite provincial de la provincia Franz Tamayo, la senadora Cecilia Requena cuestionó la falta de presencia del Estado y agregó que esa región se ha convertido en “una tierra sin ley” con grupos violentos y armados.

La legisladora, que también preside la comisión, en contacto con ANF agregó que durante la inspección fueron recibidos con pedradas, dinamitas, machete e incluso los amenazaron con secuestrarlos.

"Hacían reventar dinamitas, petardos. La actitud era absolutamente alevosa, como si se tratara de una tierra sin ley, donde la ley eran ellos (avasalladores). Nos amenazaron con confiscar nuestros celulares. Incluso les advertimos que era senadora, pero respondieron que no les importaba que incluso ni siquiera el presidente (Luis Arce) podía entrar a la sector”, remarcó.

El ataque a la comitiva se registró el viernes 1 de abril cuando pretendían verificar los asentamientos mineros en el parque Nacional Madidi, ahí constataron la presencia de una draga aurífera denominada  el Dragón La Reina que estaría operando a unos 500 metros de la reserva natural. Además de recabar datos sobre el enfrentamiento entre interculturales y campesinos que dejó tres heridos en Chushuara que se registró el pasado martes y miércoles.

“Han violado en la región, los derechos de las personas que están ahí. Esa situación es muy preocupante y cualquiera persona de la región se puede enfrentar y los que sufren son los más vulnerables”, afirmó a tiempo de señalar que esa acción violenta puede afectar al turismo, a los operadores y los habitantes de comunidades indígenas que se encuentran en indefensión ante las agresiones de los avasalladores.

“Indígenas, turistas y operadores pueden encontrase con estos grupos violentos que impiden el paso normal por el sitio. Están en una indefensión total, la gente que vive ahí están cada vez más indefensa ante los avasallamientos mineros, cada vez son más alevosos y violentos, además de armados. Estamos en una pérdida de soberanía, pérdida de control de estado, donde los que más sufren son los más vulnerables”, remarcó.

Agregó que en el sector la explotación minera “está descontrolada”. Lamentó que ni el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) ni la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realicen controles de fiscalización en el sitio.

“Es muy grave la explotación minera, esta descontrolada. Incluso la minería controlada y autorizada por la AJAM que no controla una vez que da derechos mineros, no hay controles establecidos para reciclar  mercurio como establece la ley, eso está destruyendo los ríos y los alimentos de las comunidades indígenas. Están envenenando la región porque la AJAM da derechos sin pensar en las consecuencias (…) Es una situación muy dramática de vulneración de derechos y va empeorar si no se toman acciones desde el Estado, alertó.

La parlamentaria y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) manifestaron su preocupación ante la presencia de una draga aurífera en el interior del parque Nacional Madidi. Remarcó que la draga fue encontrada a 500 metros al interior de la reserva y desde la desembocadura del río Quendeque, límite entre el área protegida y el río Beni, y a muy poca distancia del arroyo Naranjani, límite sur de la Reserva de Biósfera Pilón Lajas.

“Sabemos que esta draga está de paso, pero hay muchas dudas hacia dónde va, a que derecho minero le pertenece, quienes son las personas que son dueñas de esta draga. Hay que aclarar muchas cosas y lo vamos hacer”, afirmó.

La legisladora reveló que interpondrán una denuncia contra las personas que los atacaron el pasado 1 de abril.