La violencia que se ha desatado en la localidad de Chushuara, en Apolo, en La Paz, no es aislada y, por el contrario, revela una trama de intereses de grupos corporativos que está fuera del control del Estado. Y que a veces tiene al Estado, paradójicamente, como aliado de la explotación aurífera inmisericorde de ríos en el norte del país, con una lamentable secuela de contaminación y daño ambiental, que principalmente afecta a las selvas vírgenes y áreas protegidas.

De acuerdo con los informes de los lugareños, hace dos meses comenzó un trajín inusitado en esa zona de vocación agraria, cuando cisternas de combustibles y forasteros ingresaron a la zona para desmontar selva virgen con sus retroexcavadoras; denuncian también que ya operan dragas chinas y que extranjeros trabajan en la explotación aurífera de esa zona. La resistencia de los comunarios al avasallamiento de los “interculturales mineros” derivó en el referido enfrentamiento, en el cual los campesinos llevaron la peor parte. 

Se trata de un avasallamiento ejecutado por estos “interculturales mineros” que ahora aparecen asociados a “cooperativas” depredadoras; estas “empresas”, que frecuentemente no tienen amparo legal, desarrollan actividades principalmente en Colombia y Perú, pero ahora, con más frecuencia, en el norte del país y especialmente en los ríos, donde explotan oro con dragas. Son numerosas las denuncias sobre estas operaciones precarias en zonas boscosas y también en las áreas protegidas; incluso se ha verificado que el Gobierno, mediante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) han autorizado que estos mineros depredadores del medio ambiente concluyan los trámites necesarios para legalizar la extracción de oro en los parques nacionales del Madidi, Apolobamba y Cotapata.

A las denuncias de un nulo control sobre el contrabando de oro, ahora se agregan estas disputas de carácter puramente rentista –la ambición por apoderarse al costo mínimo de áreas auríferas que den rápidas ganancias, con severos daños ecológicos– con el apoyo de autoridades que no fiscalizan ni prohíben la minería depredadora, sino que la favorecen. Es hora de frenar esta expoliación irracional. Y también de investigar la corrupción que la hace posible.