Negar la autonomía en los hechos, aún estando en la Constitución implica, evidentemente, que se exploren otras vías para confrontar un centralismo secante que perjudica la unidad del país

No es conveniente acomodar el modelo de Estado a la coyuntura económica del momento. En 2008, en medio de multitudinarias protestas que incluyeron incluso referendos unilaterales hasta hoy en pugna judicial, aunque reconocidos constitucionalmente, se incluyó el modelo de Estado Autonómico en la Constitución Política del Estado, lo que supuso el mayor pacto social de la época – y hasta ahora –, siendo lo que finalmente viabilizó el Sí al texto de la carta magna.

El Movimiento Al Socialismo dudó siempre de la intención de una demanda en la que no creía. Nunca la autonomía departamental estuvo en su agenda de Octubre. Y sí, es evidente que muchos de los que después se envolvieron en la demanda tampoco creían en la autonomía, pero era una forma de sumar fuerzas de oposición o esconder pulsiones separatistas.

Aunque el MAS cedió y se incluyó este cambio nada menor en las negociaciones en la Asamblea Plurinacional, rápidamente se colocaron todos los candados para que el desarrollo fuera mínimo. El principal fue la Ley Marco de Autonomías, que entre otras cosas estipula como se deben presentar los presupuestos, subordinando toda la toma de decisiones a lo dispuesto por el Ministerio de Planificación y de Economía.

Esa misma Ley contenía un mecanismo de suspensión que rápidamente se convirtió en perverso. A simple acusación fiscal, el pleno del legislativo podía considerar la suspensión de su ejecutivo, lo que a todas luces era un atentado a la presunción de inocencia, como muchos meses después reconoció el propio Tribunal Constitucional, expulsando esos artículos del ordenamiento jurídico. Para entonces ya habían caído gobernadores de peso, como Mario Cossío y Ernesto Suárez, y numerosos alcaldes.

Como fuere, la cuestión es que la autonomía ideada en Tarija se sustentaba sobre una proyección muy optimista de los ingresos, así, desde el principio, ha sido la Asamblea más cara del país en términos absolutos y también la más numerosa respecto a la población del departamento. Ni más ni menos que treinta asambleístas titulares y treinta suplentes para poco más de medio millón de habitantes.

En la práctica también se escenificó rápido una autonomía de alto vuelo, con el Susat, los proyectos concurrentes con los municipios y el mecanismo de ejecución de obras carreteras de nivel estatal, licitando el 30 por ciento con recursos propios en lugar de convenir una concurrencia con el Estado.

Años después, cuando la bonanza de los precios del gas y los volúmenes de las reservas nos han dejado, sobre la mesa vuelve a estar la necesidad de recortar el aparato para tratar de ser más eficientes, lo que seguramente es una necesidad legítima, pero que plantea riesgos al debatirla en momentos de escasez y urgencias.

Lo que sí corresponde es que de una vez se ponga fin al debate del Pacto Fiscal y se pacte una nueva redistribución de recursos que hagan útiles precisamente a las autonomías, pues hasta el momento carecen de sentido subsistiendo solo en función de las cotizaciones del petróleo.

El sentido de la autonomía es precisamente el de ser más eficientes en la administración de los recursos públicos, porque nadie conoce mejor lo que pasa en su casa que quien la habita a diario. Negarla aún estando en la Constitución implica, evidentemente, que se exploren otras vías para confrontar un centralismo secante que perjudica no solo al país, sino a la unidad del país.