La Fiscalía Departamental de Tarija reabrió el proceso por enriquecimiento ilícito contra el actual gobernador Oscar Montes y miembros de su familia porque no habrían justificado la propiedad de 30 inmuebles obtenidos, cuando Montes y otros familiares ocuparon cargos municipales durante tres gestiones consecutivas de 2000 a 2015.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó a la prensa local que tienen un plazo de diez días para emitir acusación formal, luego que una acción de amparo constitucional interpuesto por la Procuraduría General del Estado anulara la resolución de sobreseimiento emitido por el Ministerio Público en la gestión 2018.

Según el fiscal Sergio Luis Bolívar resultaría desproporcionado que, con los ingresos como alcalde y funcionarios ediles, pudieran obtener en 15 años tantos bienes inmuebles solo en el municipio de Cercado, donde se encuentra la capital tarijeña.

En la gestión 2019, el Ministerio Público solicitó la imputación contra Óscar Montes Barzón, su esposa la concejal Ruth Ponce, su hija Mayra Lorena Montes Ponce y miembros de la familia ampliada por favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

“Lo reabren cada vez, incluyen gente que no es ni familia y no van a encontrar nada” declaró Oscar Montes en ese tiempo al matutino tarijeño El País. Cuando se formalizó la imputación, la Fiscalía pidió la hipoteca de los bienes y la retención de los fondos en las cuentas nacionales y extranjeras.

De reabrirse el caso, el Juzgado N° 1 de Instrucción Penal debería instalar audiencia de medidas cautelares para definir la situación legal no solo del hoy Gobernador de Tarija sino de varios familiares que ocuparon cargos de concejalía y funciones en instituciones del gobierno central.

Montes fue elegido Gobernador hasta el 2025 y asume una línea de oposición al gobierno nacional, motivo por el que tiene complicaciones para una coordinación, además que enfrenta otro proceso por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo al haber convocado a un paro cívico en noviembre de 2021 en rechazo a la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.