En su habitual estilo, la activista María Galindo se convirtió en la noticia más importante del proceso para la elección de una nueva defensora o defensor del Pueblo. Lo que hizo, en medio de su consabida parafernalia, fue romper los documentos que, según dijo, eran el cumplimiento de los requisitos para postular a ese cargo. Fue su manera de protestar contra el sistema, uno que, como también lo manifestó, no permitiría que alguien como ella ocupe un cargo como ese.

Resulta que, en el mundo de la política, ocupar puestos como el del Defensor del Pueblo se ha convertido en una posición de conquista, como cuando se toma una institución, para neutralizar la única posición oficial del Estado dedicada a defender a los ciudadanos precisamente frente al Estado.

Puestas así las cosas, y mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) esté en el poder, muy bien podría suprimirse el Defensor del Pueblo como institución y su ausencia no se sentiría. Entonces, el Estado se ahorraría un presupuesto que hoy mismo no tiene razón de ser.

Aun así, en estos días que está en agenda la elección de esa figura, por cumplir con la posición correcta de las cosas, si cabe el término, habría que decir que hay pocas o ninguna esperanza de que la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el partido de Gobierno pueda hacer una elección independiente, de una persona seleccionada por sus méritos y su hoja de vida relacionada a la defensa de los derechos humanos, y principalmente que no fuera afín al MAS, como correspondería.

En la historia de los defensores del pueblo, la gran mayoría de ellos fueron en algún momento simpatizantes del MAS. Incluso la primera defensora elegida durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien se recuerda por sus méritos y su posición distante con el gobierno de entonces, fue una persona muy cercana a Evo Morales, al extremo de que tiempo después llegó a ser dos veces senadora por el MAS.

En el último tiempo, las cosas fueron aún peores: los defensores no eran cercanos al MAS, sino directamente eran afines o militantes del partido. Es el caso de la actual representante, Nadia Cruz, que ingresó al puesto de manera interina y en esa condición se quedó nada menos que tres años y ahora se postula pese a su evidente parcialización con el MAS durante ese tiempo.

La norma dice que una persona que ya fue Defensor del Pueblo no puede postularse, pero con en nuestro país las normas están hechas para ser violadas, principalmente si se lo hace desde el poder, a nadie le importa ese detalle y la señora Cruz está ahí, como candidata a una especie de reelección. Si bien ella no fue elegida propiamente, estuvo tres años en el cargo, es decir, ejerció, a su manera, el cargo, y por tanto no tendría que ser habilitada.

Otra postulante conocida es la exdiputada del MAS Lidia Patty, recordada por ser la persona que le puso la firma al inicio del juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por lo que su partido llama “golpe de Estado”, y que goza de privilegios como contar con una protección de seguridad personal otorgada por el Ministerio de Gobierno.

También la activista María Galindo estaba entre las posibles aspirantes al puesto, pero el día en que fenecía el plazo de postulación decidió romper su carta porque denunció que la elección ya estaba direccionada para favorecer a la defensora interina Nadia Cruz.

“En vano te postulas porque estos concursos ya están podridos”, denunció Galindo en su habitual estilo directo de hablar claro y llamar las cosas por su nombre, sin filtros ni protocolos diplomáticos.

Y su acto, mediático y rimbombante, como ella misma, fue la mejor manera de demostrar que no solo la Defensoría, sino todo el aparato gubernamental, forman un sistema que el MAS ha podrido con el propósito de satisfacer sus intereses partidarios.