Página Siete / La Paz

Desde la Fiscalía de Potosí informaron ayer que ya tomaron declaraciones al gobernador Jhonny Mamani y otros sospechosos por la compra irregular de las 41 ambulancias, los delitos que se investigan son falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, entre otros. Ahora, exigen que la Contraloría General del Estado (CGE) se pronuncie sobre el caso.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, dio cuenta ayer que a través de la comisión de las fiscalías especializadas anticorrupción y patrimoniales se inició en enero la investigación sobre las ambulancias que la Gobernación acordó adquirirlas a la empresa Estefals Logistics.

“El caso se inició contra el autor o autores, luego se amplió contra el gobernador de Potosí, Johnny Mamani, y otros, además ya prestaron su declaración varios testigos responsables del proceso de contratación y así también el gobernador dio su versión”, explica un informe de oficial emitido por la Fiscalía General del Estado.

Choque añadió, según el boletín, que entre los actuados ya desarrollados están requerimientos a instituciones públicas como privadas y entidades financieras “para establecer si hubiese existido movimientos económicos de la Gobernación hacia la empresa investigada por la adquisición de las movilidades”. Agregó que hicieron allanamientos a la Gobernación, al Servicio Departamental de Salud y otras que vieron pertinentes la comisión de fiscales.

Por otro lado, Marina Morales, diputada de Comunidad Ciudadana, exigió ayer a la Contraloría General del Estado pronunciarse sobre el caso de las 41 ambulancias.