La Fiscalía de Potosí pidió a la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) los nombres y la documentación del kárdex de los estudiantes que conformaron la Federación Universitaria Local (FUL) y de los docentes que supuestamente participaron en las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, durante los días del fraude electoral y la renuncia de Evo Morales.

La conminatoria de la Fiscalía implica remitir nombres completos de todos los directores de carrera y de los ejecutivos de los centros de estudiantes de todas las carreras de la UATF que ejercían tal calidad o condición en la gestión 2019, “debiendo adjuntar copias legalizadas del kárdex de cada estudiante y de los documentos que acrediten la condición de directores de carreras”.

La UATF citó a su Consejo Universitario a una sesión extraordinaria para discutir esta conminatoria de la Fiscalía y una vez instalada declaró un cuarto intermedio hasta el próximo lunes cuando recibirá el informe de la instancia que analizará la pertinencia legal del pedido del Ministerio Público.

Al conocer la noticia, otras universidades del sistema público se declararon en emergencia, como el caso de la UMSA de La Paz, que emitió un pronunciamiento de condena por la violación de derechos, manifiesta su solidaridad con sus colegas de Potosí y dispone una alerta ante cualquier medida que pretenda vulnerar los derechos amparados en la Constitución, entre ellos la autonomía universitaria.

Sin embargo, el miércoles la Fiscalía General del Estado informó que ya no es necesario que la Universidad de Potosí responda al requerimiento. El propio Juan Lanchipa, fiscal general, salió a explicar que producto de la demora en la respuesta a la solicitud, se hicieron otras gestiones para obtener la información necesaria que ayude a esclarecer los hechos de octubre y noviembre de 2019.

Lanchipa dijo que el Ministerio Público emitió requerimientos a la universidad de Potosí los años 2019, 2020 y 2021, pero que “siempre fue demorando y pidieron plazo”, por lo que la Fiscalía ha obtenido informaciones de declaraciones de personas investigadas que habrían participado en la quema de instituciones, y que así se conoció que jóvenes, “aparentemente universitarios”, se habrían organizado para llevar adelante esas acciones.

En otras palabras, la Fiscalía dice que sin ayuda de la UATF ya identificó a los autores de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí en noviembre de 2019.

Como siempre, llama la atención las diligentes y eficientes gestiones de la Fiscalía cuando se trata de investigar los hechos de octubre y noviembre de 2019, donde ella tiene una mirada a estas alturas clara y que coincide -ya no es novedad- con la lectura de Evo Morales y el MAS que persisten en llamar golpe de Estado lo que ocurrió en esas jornadas de protesta popular contra el fraude electoral del 20 de octubre.

En otros hechos de Potosí, que ocurren en la cercana vecindad del Ministerio Público que tiene sede en Sucre, como el caso del millonario caso de corrupción por la compra irregular de 41 ambulancias por orden del gobernador de Potosí Jhonny Mamani, la Fiscalía no solo no movió un dedo oportunamente, sino que salió a decir, en voz de Lanchipa, que no veía elementos suficientes para abrir una investigación en ese caso.
Si algún día se hace la reforma de la justicia para tener una justicia independiente, justa, al servicio de la verdad y el derecho y no de intereses políticos, habrá que comenzar sin ninguna duda por la Fiscalía.