En el afán de reforzar su versión de golpe de Estado, el gobernante MAS en las últimas semanas ha procedido con la detención, apertura de juicios, requerimiento de información contra personas que presumiblemente estuvieron involucradas en la crisis de 2019.

Bajo al consigna de “no es venganza, es justicia”, el Gobierno lleva adelante una serie de acciones contra presuntos responsables de la caída de Evo Morales, sin considerar que renunció junto con su entorno, y que ahora busca ocultar el “fraude electoral que propició”.

En la últimas horas se conoció sobre el requerimiento de la Fiscalía General a la Universidad Tomás Frías de Potosí de la lista de estudiantes de la FUL, docentes y otros, que presumiblemente estarían involucrados en la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí en 2019.

“Esto muestra que el Gobierno, con el brazo operativo del Ministerio Público, viola la autonomía universitaria, persigue a los jóvenes que expresaron su descontento contra por el fraude, por el robo del voto boliviano”, dijo el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes.

Ante la ola de protestas que generó el requerimiento de la Fiscalía, el fiscal general, Jaun Lanchipa, informó que, debido a la demora en responder el requerimiento fiscal, se buscó otros mecanismos para obtener la información.

Otras causas

En la segunda semana de marzo, el juzgado Primero Anticorrupción de La Paz ordenó detención preventiva de seis meses en el penal de San Pedro para el general Milton Navia, exjefe de la Casa Militar, acusado por el retiro de la medalla presidencial durante la crisis de 2019 para su imposición a Jeanine Áñez.

Navía fue imputado por el delito de uso indebido de influencias.

El traslado de la medalla forma parte de los hechos investigados en el caso “golpe de Estado II”, pero la Fiscalía investiga por separado la autorización del retiro de la joya del BCB.

Tráfico de armas

También se imputó a la exministra de Comunicación de la gestión pasada Roxana Lizárraga por presunto tráfico ilícito de cargos.

“El caso armamento no letal - Ecuador contempla los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes”, por presumiblemente haber facilitado el ingreso de agentes químicos proporcionados por Ecuador.

Por otra parte, se instauró procesos contra el exprocurador de la expresidenta Áñez, José María Cabrera, por haber presentado una denuncia contra Evo Morales ante la Corte Penal Internacional (CPI), que no próspero debido a la falta de seguimiento del Gobierno.

Se sindica a Cabrera de incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y conducta antieconómica.

UMSA, en estado de emergencia

Ante el requerimiento de la Fiscalía a la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz declaró “estado de emergencia” por considerar que se viola la autonomía universitaria.

“La justicia debe estar al servicio de todas y todos. Sin embargo, a través de la Fiscalía de Potosí se están violando los derechos más elementales como la libertad de expresión, movilización y protesta, consagrados en la Constitución, exigiendo datos de las autoridades, directores de carrera, docentes y estudiantes que hubiesen participado de las movilizaciones de 2019”, señala un pronunciamiento.

Agrega que “esto implica un atentado a la autonomía universitaria (...), nos declaramos en estado de alerta ante cualquier medida que vulnere derechos”.