Grupos de personas se enfrentaron la noche del martes en la comunidad Chushuara, ubicada en el municipio de Apolo del departamento de La Paz, donde, según reportes preliminares del hecho, hubo incluso el uso de armas fuego.

Ahora la Defensoría del Pueblo “verifica la información sobre la posible existencia de 15 personas heridas y siete retenidas, como producto de esos enfrentamientos”, informó dicha institución mediante una nota de prensa. 

Según la Defensoría, se trata de un conflicto “por tenencia de tierras, intereses mineros y problemas orgánicos de las organizaciones sociales del sector”.

En un video que circuló en redes sociales, una mujer culpó a los interculturales del ataque violento. “Han baleado a varios de nuestros compañeros, les han disparado y aún están disparando; están con granadas, con dinamita y con rifles, no les importa que haya ni mujeres ni niños aquí”, dijo.

Mientras, Rolando Meneses Santander, quien se identificó como el secretario general de la comunidad originaria Chushuara, afirmó que su sector, durante más de 28 años, fue parte de la Federación Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” y que, por “falta de atención”, decidió “pasarse a los interculturales”.

“Y esa es la molestia de estos señores de Apolo, (es decir) los avasalladores son gente encabezada (por tres dirigentes) de la Túpac; ellos anoche vinieron a avasallar brutalmente a mi comunidad, (donde) tiraron dinamitas, maltrataron y hasta hubo disparos de bala”, afirmó Meneses Santander en un contacto con Unitel.

Entretanto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, remarcó que, en el fondo, “la motivación sigue siendo el interés minero” y que su institución intentó generar procesos de diálogo desde octubre del año pasado.

Es así que, “a través de nuestra intervención hemos podido ir conociendo documentación y evidenciar disposiciones, como una sentencia del Tribunal Agroambiental de 2011”, sostuvo Cruz.

Saneamiento y sentencia

Según el comunicado de la Defensoría, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que el proceso de saneamiento en Chushuara fue paralizado “pese a que existe la Sentencia Agraria Nacional S1 N°010/2011 del Tribunal Agroambiental, que el INRA debió dar cumplimiento”.

Es decir, según la Defensoría, oportunamente debió elevar un informe de conclusiones técnico-jurídico para verificar el derecho a la propiedad agraria en esa zona, así como verificar el cumplimiento de las medidas precautorias en el área, pero ambas acciones no fueron realizadas en más de 11 años, “lo que desembocó en problemas de posesión de tierras entre tres grupos”.

Contratos mineros

Del mismo modo, en el comunicado se indica que, según información de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el área en conflicto hay 24 solicitudes de contrato administrativo minero, pero ninguno fue consolidado.

Por lo tanto, en criterio de la Defensoría, “cualquier actividad minera que existiese en el lugar es ilegal”.

Exigencias

La Defensoría del Pueblo exigió al INRA Departamental de La Paz “cumplir con sus obligaciones diligentemente” en apego a las normas correspondientes y en el marco de los lineamientos del INRA Nacional para realizar un trabajo técnico-jurídico.

Del mismo modo, demandó a la AJAM que realice inspecciones en la zona ante la posible existencia de actividad minera ilegal.

Exhortó a todas las instituciones llamadas por ley a no generar acuerdos fuera de las normas sobre tierra y territorio, minería, medio ambiente, y exigió que se respeten los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de la madre tierra.

Finalmente, solicitó a la Policía Boliviana el despliegue de efectivos para controlar el enfrentamiento y demandó al Ministerio Público que investigue “estos hechos violentos que atentan contra los derechos humanos”.