El defecto consiste en convertir una oportunidad de reencauzamiento de la gestión gubernamental en otro de desmembramiento de la precaria institucionalidad que se pretende conformar cada vez que se inicia un periodo de gestión, destituyendo autoridades, principalmente de entidades territoriales autónomas, sin bases sólidas u objetivas que justifiquen la iniciativa. Las percepciones, sensaciones o inclinaciones sesgadas no constituyen argumentos suficientes para desatar toda una cruzada de desestabilización de la gestión pública territorial.

La medida del revocatorio, equivocadamente utilizada, es un conjunto de etiquetas superficiales y precipitadas de cuestionamiento; en general, infundadas sobre la gestión; precisamente, son los actores desestabilizadores que se valen de estos vacíos para abogar por la revocación del mandato, sin que exista instrumento de medición alguno que determine qué significa una “mala gestión” o qué se entiende por un alcalde o alcaldesa “incapaz”. Se adjetiviza la gestión, pudiendo determinar al menos sencillos mecanismos para valorar el desempeño institucional, cumplimiento de metas de desarrollo, la calidad del gasto público, la inversión en activos no tangibles, entre  otros. Hoy, al igual que hace 50 años o más, como Estado Plurinacional no contamos con herramientas que permitan documentar y respaldar de manera objetiva o científica los rasgos más importantes de una gestión gubernamental, que contribuyan a una mejor evaluación y, por consiguiente, a una mejor percepción de las gestiones territoriales.

La creciente sombra de la politización para la valoración de la continuidad o cese de funciones de las autoridades elegidas por el voto, se convierte en una amenaza invariable para gestiones municipales, especialmente en ámbitos urbanos, donde los intereses son manifiestos por conseguir lealtades políticas. La política influye en la aplicación inapropiada y antojadiza del derecho del electorado a destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el periodo de su mandato, cubriendo infundadamente con un manto de sombras la calidad y pertinencia de su gestión.

En Estados precarios y débiles como el nuestro, limitado en las capacidades institucionales para anteponer la subjetividad a la objetividad, la presunción a la prueba, el interés particular al bienestar colectivo, se amplifican las posibilidades de incriminar a las autoridades más cercanas al ciudadano común, por las ineficiencias, carencias o gestión de calidad de una entidad territorial autónoma.

En este contexto “contaminado” de aplicación del revocatorio, está bajo cuestionamiento la viabilidad y sostenibilidad de la gobernanza del territorio municipal, especialmente en conglomerados urbanos que muestran un crecimiento permanente en lo demográfico y protagonismo cada vez más importante en lo económico y político, de no limitar y precisar a tiempo bajo qué condiciones las autoridades pueden estar sometidas a una solicitud que pueda concluir en un revocatorio de mandato.

Por ello, la asignatura pendiente: mientras no se precise o defina estas condiciones imprescindibles de objetividad, la democracia municipal y departamental está en riesgo. Resulta central determinar o dictaminar sobre la calidad de la gestión de autoridades elegidas. Con mayor razón en el caso de las autoridades municipales, que administran ciudades ante el contexto adverso que se presenta en materia financiera con los recortes en los presupuestos subnacionales, la competencia desleal ejercida por el gobierno central en el territorio y la judicialización permanente de la política.

Finalmente y buscando un balance, no solo el problema radica en la politización y abuso del revocatorio para descabezar gestiones institucionales, sino también por el escaso interés del sistema político y los gobernantes para reducir los grados de discrecionalidad y subjetividad en el ejercicio de la gestión pública; de otra forma, continuarán siendo el fermento para la búsqueda de fisuras a la gestión de los territorios y una amenaza permanente para la estabilidad, sostenibilidad y consolidación de la democracia territorial.