Es lamentable que la exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, esté hoy perseguida y amenazada por aquellos intereses políticos que quieren acallarla y también, usando la justicia arrodillada ante el poder, encarcelarla, como ha sucedido con otras voces críticas, con aquellos que piensan diferente al MAS o bien con sus adversarios políticos, como la expresidenta Jeanine Áñez, que hoy debe soportar procesos a todas luces irregulares en la jurisdicción ordinaria en vez de un juicio de responsabilidades, que es lo que corresponde a la alta investidura que ejerció.

Baptista ha retomado la palabra y en una entrevista concedida a Los Tiempos ha expresado una posición crítica a la sumisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al MAS o, lo que es lo mismo, a Evo Morales, si se considera que ese partido político gira alrededor del caudillo cocalero. 

La exvocal Baptista ha criticado el servilismo del TCP en una de sus últimas resoluciones que declara inconstitucional la inhabilitación para la candidatura a senador del expresidente Morales en las elecciones de 2020. En efecto, como lo hemos expresado, aquel fallo es tan aberrante que inclusive instruye una indemnización por daños, costas judiciales y lucro cesante para Evo Morales de más de 200 mil dólares, que el beneficiado ha expresado que no hará efectiva (aunque por tratarse de dinero nunca se sabe). La exfuncionaria tiene razón al afirmar que el TCP otorga tutela a los derechos humanos y constitucionales de forma discrecional y lo hace de tal modo que la sentencia depende de si los recurrentes gobiernan o son opositores.

Cita Baptista, como ejemplos, los casos del excandidato Ernesto Suárez y de más de 227 postulantes inhabilitados por la difusión de una encuesta interna, en 2015, pero en 2020 decidió lo contrario en un caso similar vinculado al actual presidente Arce; la discrecionalidad en sus sentencias también se hizo evidente en los casos de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, inhabilitados por falta del requisito de residencia, pero tratándose de Evo Morales no sólo declara inconstitucional su inhabilitación sino que instruye que sea indemnizado. 

En cuanto al TSE, Baptista cuestiona que el cuerpo colegiado al que perteneció no rechazara el estatuto interno del MAS, que no regula a la militancia de esa fuerza política, sino la función pública, al establecer que toda persona que quiera desempeñar un cargo estatal debe antes pertenecer al partido de gobierno. 

Además, ha sostenido que el padrón electoral carece de transparencia; al respecto, cabe preguntarse por qué, pese a estas sindicaciones de Baptista, el TSE no abre ese registro al escrutinio público. Si no hay nada irregular, ¿por qué no hacerlo?

Baptista, en suma, denuncia el desmontaje del sistema democrático. Lo que afirma debería ser considerado como un plan de saneamiento para dotar de transparencia a las obsecuentes instituciones tomadas por el oficialismo.