Si los nuevos caciques populares no respetan la independencia de los poderes del Estado, la institucionalidad de la administración pública, la autonomía de los gobiernos departamentales y especialmente la independencia del Poder Judicial, la fiscalización del poder legislativo, la autonomía de la Contraloría General de la República, Banco Central, Impuestos Nacionales, Aduana,  Superintendencias, la carrera diplomática, FFAA y Policía, la democracia como sistema de gobierno es ficticia, inauténtica, ilegítima, una especie de logo, que enmascara gobiernos totalitarios cuya legitimidad se extingue apenas alcanzan el poder. Violan el estado de derecho, los gobernantes que no respetan  las instituciones del Estado,  sus facultades y sus funciones que están predeterminadas en la Constitución y en las leyes que de ella derivan imprescindibles para limitar el poder político. La toma del poder político implica la desinstitucionalización del aparato público, es decir, la remoción parcial de un 60% o más de los 550.000 empleos públicos, cuyo financiamiento representa aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y es la causante del déficit fiscal al que se suma, los déficits o pérdidas que generan las empresas públicas, que obliga al país a endeudarse interna y externamente, a fin de cubrir la diferencia entre ingresos y egresos, que genera la administración estatal. Los  reclutamientos de personal estrictamente partidario, el clientelismo o la asignación de cargos “a dedo”, atentan  y desvirtúan la carrera administrativa de los empleados públicos, cuya estabilidad y especialización se quiebra en cada ciclo político, al ser este el “botín de guerra” a repartirse, en función del grado de confianza y la adhesión partidaria, subasta que es proporcional a la  lealtad y obediencia partidaria. La libre e injustificada remoción y la frecuente rotación de los cargos públicos, no solo atenta contra la carrera del empleado público, sino que constituye, el principal factor que obstruye, impide o desvirtúa, la ejecución de las diferentes políticas estatales,  sean  estas de izquierda o derecha, al no contar las instituciones públicas (Poder Ejecutivo) con la profesionalidad y la eficiencia requerida para hacer realidad los potenciales beneficios, que la teoría política o las diferentes ideologías y planes de desarrollo aspiran alcanzar. Bolivia en sus 196 años de vida republicana y sus 66 presidentes, es decir un promedio de 3 presidentes por año,  ha ensayado la aplicación de todos los modelos de desarrollo con resultados magros o mediocres que impiden medir si la conveniencia o inconveniencia de las políticas y planes de gobierno obedecen a la concepción intrínseca o ideológica de las teorías sobre el desarrollo humano que los gobiernos de turno aplicaron o, a la inoperancia administrativa y de control del Poder Ejecutivo, que obstruye su desarrollo y no permite realizar los ajustes oportunos que permitirían maximizar la aplicación de dichos modelos de desarrollo y alcanzar los objetivos deseados. En otras palabras, es imposible ejecutar las distintas políticas de gobierno, haciendo abstracción del brazo operativo, del cual dependen su ejecución y desarrollo, el mismo que periódicamente es cercenado de sus mandos principales, dada la vorágine política que prioriza la desinstitucionalidad del aparato público para satisfacer la sed de sus correligionarios. Esta es la causa principal  que alienta la corrupción pública, dada la volatilidad de los puestos de trabajo de la administración estatal y las presiones del partido político de turno para ser subvencionado por los favoritismos  políticos, llámense funcionarios o empresas privadas, aliadas coyunturalmente con el mismo. Hoy lo que vale para alcanzar un puesto en la administración pública es el fanatismo y la lealtad de los servidores públicos con el gobierno de turno. No  importa si dicha lealtad surge del compromiso ideológico que pregonan las elites políticas o que su adhesión sea simplemente la necesidad de un empleo temporario, dado el alto índice de desocupación o de desempleo, que obliga al funcionario público a perjurar su lealtad,  lo que lo hace altamente volátil respecto al cumplimiento de las normas y leyes que regulan la administración del Estado. Añádase a ello la “obligación” de cada funcionario público y partidario de ceder un porcentaje de su sueldo para subvencionar las acciones políticas del gobierno de turno, como prueba de su lealtad y servilismo, y se entenderá la razón y el porqué del fracaso total o parcial de los diferentes modelos de desarrollo, sin importar su color o ideología, cuando se ponen a prueba durante su ejecución y el motivo de la corrupción de los servidores públicos conscientes de su aleatoriedad y temporalidad.

Antonio Soruco Villanueva es ciudadano boliviano.