Este 24 de marzo, el gobierno boliviano volvió a abstener su voto en la ONU para pedir el cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania. Desde que inició el ataque al país ucraniano, los bolivianos hemos visto cómo nuestro gobierno ha tomado repetidas veces una posición favorable al régimen de Putin tanto en la ONU como en la OEA. Aunque la alianza entre el gobierno del MAS y el régimen ruso es pública, hay una pregunta que hasta hace poco quedaba sin respuestas: ¿Los bolivianos conocemos hasta qué punto el gobierno ruso tiene un rol en la vida política de nuestro país, o si tuvo un rol el 2019, durante los incendios y en preparación a las elecciones? La página de periodismo independiente rusa llamada The Project sacó un reportaje titulado “Coca & Co: Cómo Rusia ayuda en secreto a Evo Morales a ganar su cuarta elección” explicando cómo, según sus investigaciones, consultores políticos rusos estuvieron físicamente en Bolivia el 2019 trabajando en la campaña de Morales y creando estrategias para atacar a voces críticas al mismo, entre ellas quienes cuestionamos la pésima respuesta estatal a los incendios forestales. Según explica el reportaje, esta asesoría internacional responde a la protección de inversiones estatales rusas en Bolivia, específicamente la planta nuclear en El Alto en acuerdo con la empresa estatal rusa ROSATOM. The Project explica en su nota que la inversión de más de 300 millones de dólares no se consideraba “segura” para Rosatom en caso de que Morales pierda el poder, lo cual fue evidenciado cuando en febrero del 2020 el gobierno transitorio de Jeanine Añez anunció que paralizaba la construcción de dicho centro nuclear. En este anuncio el gobierno transitorio indicó que la administración de Morales había ordenado la inversión para la obra sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como también la necesidad de auditorías y estudios de impacto y prefactibilidad respecto al centro. Todo esto quedó en suspenso, dado que con el gobierno de Arce no sólo se ha autorizado nuevamente la construcción de la planta, sino que ya está en proceso desde Julio del año pasado. Quedaría claro entonces que la lógica de asegurar sus propias ganancias e inversiones funcionó para Rosatom y por ende el régimen ruso, pero ¿De dónde nace la estrategia de acompañar tales procesos con asesoría política para elecciones ajenas? El reportaje de The Projekt recalca la experiencia rusa en Sudáfrica, donde el 2018, el presidente Jacob Zuma renunció por escándalos de corrupción, entre ellos el recibir dinero del gobierno ruso a cambio de firmar el acuerdo para la construcción de una planta nuclear en su país. Al perder Zuma el poder, Rosatom perdió el contrato para la construcción de dicha planta. Similares experiencias de oposición a plantas nucleares por grupos activistas y ambientales se han dado en países como Cuba y el Congo, y claramente en Bolivia tampoco somos la excepción. Varios grupos ambientales, entre ellos Ríos de Pie, hemos expresado nuestra preocupación y oposición a una planta nuclear cuando el gobierno no ha logrado manejar de forma sostenible la contaminación de otros tipos de energía. Con estas experiencias pasadas como contexto, el reportaje de The Projekt indica que los “estrategas” rusos habrían llegado a Bolivia en junio del 2019, y el medio acompaña dicha información con nombre y apellidos de estos ciudadanos rusos y hasta con imágenes que ellos mismos postearon en sus redes sociales (principalmente Facebook) de la ciudad de La Paz. Más allá del motivo de su viaje, su presencia en Bolivia es innegable por información que ellos mismos subieron al internet. Importante notar que, de acuerdo a la información del reportaje, estos estrategas habían trabajado antes en campañas electorales en Rusia también articulando cuentas en redes sociales falsas y creando campañas de desprestigio contra opositores. Sería ideal que la prensa boliviana ahonde investigaciones sobre lo expuesto en el reportaje de The Projekt. Si efectivamente hubo intervención rusa en Bolivia a favor de Morales en preparación a las elecciones del 2019, esto podría y debería implicar sanciones internacionales. De parte de la sociedad civil, esto también explica por qué activistas ambientales en Bolivia fuimos víctimas de campañas de desprestigio y amenazas que iniciaron en septiembre del 2019, mes en el que dichos estrategas rusos estaban en Bolivia. El uso de “guerras de información estratégica” por agentes del gobierno ruso en contra de ciudadanos bolivianos sería un claro precedente de que nuestros derechos y libertad de expresión no están siendo garantizados por el estado boliviano, sobre todo dado el hecho de que las alianzas políticas con dichos regímenes extranjeros son claras y repetitivas en espacios internacionales como la ONU, y bajo el contexto de una guerra que ambos gobiernos, ruso y boliviano, intentan justificar.