La noche del sábado 19 de marzo, un joven de 22 años murió a bala en el predio El Cruce, situado al norte de la provincia Guarayos, a un costado de la carretera Santa Cruz-Trinidad. La víctima acampaba junto con medio centenar de personas, quienes habían avasallado esas tierras nueve días antes.

Los atacantes habrían utilizado petardos y armas para intentar expulsarlos. El predio El Cruce, de 5.800 hectáreas, es tierra de nadie. En 2011, estas tierras fueron incautadas al estadounidense Jacob Ostreicher por el delito de lavado de activos del narcotráfico.

La supuesta propietaria actual, de apellido Rodríguez, no tiene título de propiedad ejecutorial y, dado que nadie más presentó pruebas fehacientes para reclamar estas tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debió consolidarla como tierra fiscal, pero, inexplicablemente, esquivó esta obligación por más de una década.

No es un caso aislado. Estamos ante un escenario de violencia abierta, en el que se imponen los avasallamientos, las peleas campales, las emboscadas nocturnas y las balas. Al mismo tiempo que la institucionalidad agraria agoniza, prevalece la ley del más violento. En definitiva, el tráfico de tierras y la corrupción socavan el imperio de la ley.