A dos días de que finalice el mes, el Gobierno no ha informado cómo y dónde se llevará a cabo la cumbre nacional de justicia que debía realizarse en marzo, de acuerdo a los anuncios del ministro Iván Lima. Los juristas independientes y organizaciones de la sociedad civil consideran que realizar este encuentro no traerá resultados y será un “fracaso”, como sucedió en las cumbres de 2012 y 2016, cuando Evo Morales era presidente. Al contrario, apuestan por un gran consenso y la reforma parcial de la Constitución para resolver la cuestionada elección de magistrados.

Varios sectores han identificado como prioridad incrementar el presupuesto de las instituciones judiciales, cambiar fiscales y jueces, despolitizar la justicia, eliminar la burocracia y erradicar la corrupción.

“Bolivia ha tenido cientos de cumbres. Esta mal llamada cumbre es una mascarada, una manera de distraer. Debería llamarse seminario o encuentro porque ahí no se decidirá absolutamente nada. El Gobierno solo presentará su propuesta y todo el mundo va a levantar la mano para aprobar porque ellos deciden quién va y luego el ministro Lima dirá que fue aprobado legítimamente su proyecto”, adelantó el abogado y ex fiscal del distrito de Santa Cruz Francisco Borenstein.

Para el grupo de juristas independientes que impulsan desde La Paz la propuesta “transformación judicial para la democracia”, ven la Cumbre de 2022 con escepticismo porque a dos días de que concluya el mes no existe ni la convocatoria y aseguran que el encuentro se postergará.

“La ciudadanía debe recordar que de realizarse la cumbre vendría a ser la tercera de los gobiernos del MAS. El 2012 fue la primera y en 2016, la segunda ya ni nos acordamos lo que se dijo en esas cumbres porque nunca tuvieron resultados o sus conclusiones no fueron ejecutadas. Por eso no confiamos. No esperemos mucho del Gobierno y de esta cumbre”, afirmó el exalcalde paceño y abogado Juan Del Granado.

EL DEBER solicitó en dos oportunidades entrevistas con el ministro de Justicia, Iván Lima, para conversar sobre el tema. Sin embargo, la excusa fue que su agenda estaba llena.

Ante la desconfianza de los resultados de la Cumbre en veremos, los jurisconsultos apuestan por avanzar con sus sugerencias. Del Granado junto a otros nueve abogados impulsan la recolección de un millón y medio de firmas para  un referéndum que permita modificar la selección y elección de magistrados, por méritos y no por voto, como manda la Constitución.

Comunidad Ciudadana se suma a esta propuesta y plantea que también se elijan las ternas de candidatos. El ciudadano podrá votar por si quiere modificar la Constitución y también por las mejores opciones de autoridades.

Desde Santa Cruz, creen que ambas propuestas llevarán mucho tiempo ya que los comicios judiciales serán a finales de 2023. Por ello, proponen un consenso nacional político y social que permita llegar a acuerdos con resultados reales y a corto plazo.

En Bolivia, se cumplen más de 30 años de intentos para reformar la justicia. El MAS impulsó desde hace 10 años cumbres de justicia y encuentros para devolverle la legitimidad a los administradores de este sistema tan cuestionado.

El debate sobre este tema tomó más fuerza tras la visita del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que observó la falta de independencia en el Órgano Judicial y el uso de la persecución penal con finalidades políticas.