Medio: El Diario
Fecha de la publicación: martes 29 de marzo de 2022
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Evo Morales es responsable del despilfarro al desconocer el referéndum vinculante del 21F de 2016 que tuvo un costo de Bs 153 millones, y por organizar las elecciones fraudulentas de 2019, declaradas NULAS por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría masista, con un costo de Bs.217 Millones, para validar su postulación a la presidencia en 2019. Todo ello significó un total de Bs.370 Millones, dinero del pueblo, por lo que es tipificado como daño económico al Estado, que no prescribe. El mismo debe ser sancionado, para recuperar ese dinero que es del Soberano y sancionar al gobierno del MAS que despilfarró nuestros recursos.
Contenido
La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 196.II que “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. Incumpliendo este mandato constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional el 17 de marzo aprueba el recurso planteado por Evo Morales por su inhabilitación como candidato a senador en 2020. Y la Sentencia Constitucional Nº 087/2021 ordena indemnizar a Morales, por “daño emergente” y “lucro cesante”. El monto de la indemnización podría superar el millón y medio de bolivianos que, por arte de magia, dicho tribunal le hace ganar como “senador” al cocalero Morales.
Morales como dirigente en los años 80 recibió la “cuota sindical”, y desde los 90 como alto dirigente de los cocaleros de Cochabamba. En 1997 como diputado por el trópico cochabambino, por Izquierda Unida. En 2002 fue candidato a presidente por el MAS y también postuló a diputado, ello debido a que la Constitución Política del Estado de entonces permitía candidatear a la primera magistratura y a la vez a un curul de congresista. Salió segundo en las elecciones generales y ganó un escaño en la Cámara Baja.
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Morales funge como presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba desde hace más de 25 años, para defender los intereses de los cocaleros del Chapare. Significaba que tenía influencia como congresista y luego como primer mandatario, por dualidad de funciones única en el mundo, pues promovía movilizaciones con su “poder sindical”.
Morales desde más de 20 años vive del Estado, primero fue diputado de 1997 a 2005, luego fue primer mandatario de 2006 a 2019, desde 2021 cobra su renta vitalicia como exjefe de Estado, recibiendo Bs.21.640. Es decir que desde los años 80 es mantenido con la “cuota sindical”, por ser dirigente cocalero y ahora exige que las autoridades subnacionales e instituciones públicas hagan un “aporte voluntario extra” de Bs.20.000 –hasta el 5 de abril– para inscribir nuevos militantes. Manifestó también que ese aporte estará sujeto a normas del Tribunal Supremo Electoral y el estatuto del MAS.
El pronunciamiento de la Corte Interamericana (CIDH) que niega que la reelección continua sea derecho humano, tuvo que obligar al TCP a anular su sentencia 084/2017 que supuestamente se basaba en el Pacto de San José. Sin embargo, el TCP no retrocede, porque intenta mantener la suspensión de la CPE y preservar su auto-atribuida facultad de interpretarla y reformarla, demoliendo el principio de soberanía popular (en los hechos reforma ilegalmente la Constitución). Hoy el TCP con la Sentencia Constitucional Nº 87/2021 “RECONOCE” a Morales como senador, aunque no haya sido candidato, e instruye indemnizarlo, arrogándose la atribución de elegirlo. Pero todos sabemos que el TCP, al declarar inconstitucional a la CPE y modificarla, sin recurrir a la obligatoria consulta popular que se requiere para aprobar tal reforma, sea parcial o total, ejecuta un GOLPE contra el orden constitucional y suspende la vigencia de la Constitución.
Hoy el Tribunal Constitucional Plurinacional está hipotecado irremediablemente, por estar sujeto a las órdenes y voluntad del jefe del partido de gobierno, porque su Sentencia Nº087/2021 sobre lucro cesante demuestra que, igual como anularon previamente decisiones soberanas, merecen Juicio de Responsabilidades por daño económico al Estado, incumplimiento de funciones y Resoluciones contrarias a la Constitución.
Evo Morales es responsable del despilfarro al desconocer el referéndum vinculante del 21F de 2016 que tuvo un costo de Bs 153 millones, y por organizar las elecciones fraudulentas de 2019, declaradas NULAS por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría masista, con un costo de Bs.217 Millones, para validar su postulación a la presidencia en 2019. Todo ello significó un total de Bs.370 Millones, dinero del pueblo, por lo que es tipificado como daño económico al Estado, que no prescribe. El mismo debe ser sancionado, para recuperar ese dinero que es del Soberano y sancionar al gobierno del MAS que despilfarró nuestros recursos.
