A todas estas denuncias se suma el hecho ocurrido hace una semana, cuando tres personas del equipo de técnico de Cáritas Pastoral Social fueron retenidas de forma abrupta por funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). 

Esto sucedió cuando este equipo de Cáritas se retiraba de la zona de Tariquía tras haber tenido un encuentro de análisis y debate sobre un proyecto de miel que encaminan con mujeres comunarias de la Reserva Nacional.

“Ya habíamos terminado la reunión para rendir informe del proyecto. Y nos disponíamos a retirarnos y de pronto llegó el director del Sernap y nos acusó de que íbamos a dar ideas ‘torcidas’ a los compañeros y compañeras del lugar. Nos trancaron el paso y nos dijeron que debemos de pedirles permiso a ellos para ingresar, además les quitó las llaves a la gente del centro donde realizan sus reuniones. Cómo es posible que hagan eso”, relató a ANF, Zoraya Varas, coordinadora del proyecto de Cáritas, quien denuncia que fue retenida por este equipo de Sernap.

Pero este hecho no es el único, ya que hace unos meses se vienen registrando amenzasas verbales y físicas a estos funcionarios e instituciones que trabajan para hacer prevalecer los derechos de pueblos indígenas y medio ambiente.

“Ya hubo incluso amenazas con machetes en manos y nos dijeron inclusos estos funcionarios del Sernap que si seguimos así nos sacaran del lugar pero enmanillados”, manifestó Varas.

Frente a esta denuncia, hoy representantes indígenas, sociales y organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento donde reprochan este accionar de retención física al equipo de Cáritas y exigen a las autoridades que “levanten la tranca puesta en la comunidad de Piedra Grande el Cajón y garantizar la libre circulación de la población boliviana por todo el territorios de la Reserva”.

Las denuncias de amenazas son permanentes 

Ya el mes pasado, organizaciones defensoras del patrimonio natural condenaron el hostigamiento y las amenazas de colonizadores y pobladores foráneos en contra de cinco familias de la comunidad de El Cajón, por proteger su territorio que se constituye en la puerta de ingreso a la Reserva de Tariquía.

Mediante un pronunciamiento condenaron el hostigamiento y las amenazas que están protagonizando colonos, pobladores foráneos o residentes no permanentes en esta comunidad, que se muestran favorables al ingreso de las empresas petroleras, al calor de su coordinación con autoridades y funcionarios públicos para este fin.

A la par, dirigentes denunciaron la presencia de maquinaria y operaciones irregulares en la zona, por lo que se mantienen en alerta.

Frente a este escenario de amenaza a los territorios y biodiversidad y denuncia contra la estatal petrolera YPFB y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, es que fueron sumando las voces para demandar que el Sernap “rechace de forma total el ingreso de las petroleras y a si mismo se manifieste públicamente  respecto al Plan de Manejo de la Reserva”, detalla este nuevo pronunciamiento apoyado también por la Fundación Tierra y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).